¡Se nos fue San Juan!

En el Estado Sucre, según el censo 2011, casi 1 de cada 3 habitantes vive en situación de pobreza. La estadística como tal puede no resultar tan impactante por sí sola; pero cuando se pone en el contexto de que Venezuela es uno de los países con mayores reservas de gas del mundo (11avas) y que buena parte de ella están en el Estado Sucre, se transforma en paradoja. Ver a gente en Paria cocinando a leña es poco menos que una ironía.

Pero el Estado Sucre no es más que un excelente reflejo de cómo está Venezuela ya que además de tener una inmensa riqueza en hidrocarburos, es un lugar donde se produce uno de los mejores Cacaos del mundo y con unas playas que nada tienen que envidiarle a Bali, el mediterráneo o buena parte de los mejores lugares turísticos del mundo. Y si, sin embargo, alrededor de 30% de sus habitantes están sumergidos en la pobreza. Criminal.

San Juan de las GaldonasEs un hecho rotundo y evidente que el Estado ha fallado en promover –en realidad permitir- condiciones que permitan el desarrollo de la región. Pero más preocupante aún es que en los últimos años, le hemos entregado parte de nuestro territorio…¡al narcotráfico!

Recientemente estuve en la península de Paría e intenté visitar San Juan de las Galdonas, un sitio de enorme belleza y potencial turístico. Sin embargo, todas las personas con las que logré conversar en la península nos reiteraban que no fuéramos debido a que el lugar era inseguro, tomado por el narcotráfico. Finalmente, no quise arriesgar y decidí no ir a San Juan.

Mi sorpresa viene cuando en la vía entre Carúpano y Cumana le damos la cola a un funcionario de la Guardia Nacional, quien al ser preguntado por San Juan, no solamente nos comenta que está tomado –efectivamente- por el narcotráfico sino que la GNB se retiró del área porque “era muy peligroso y esos tipos tienen unas armas arrechas”. ¡La GNB huye de un lugar porque es inseguro! También comentaba aquel funcionario que los soldados de la armada estaban felices porque ahora tenían potestad de armar “puntos de control” (a.k.a alcabalas) para poder combatir el tráfico de droga. La armada y la GNB se desentendieron de San Juan de las Galdonas y deciden “combatir” el narcotráfico en carreteras sabiendo donde se origina y la causa del problema. El ejército también brilla por su ausencia. Ya no es sólo San Juan sino también el barrio bajo seco en Cumana.

El Estado evidentemente es cómplice si conoce de la situación y no hace nada. Nuestras Fuerzas Armadas y el gobierno, no solamente dejan de cumplir su única función de garantiza la soberanía y resguardar nuestras fronteras, sino que están involucradas directamente con el narcotráfico. El que calla otorga y en este caso otorgamos territorio. Recientemente asesinaron al alcalde de Rio Caribe (curiosamente cercano al área invadida) y no se ha determinado aún la causa del asesinato pero no cuesta pensar que es el propio narcotráfico quien está involucrado.

Así las cosas. Sucre, un Estado con múltiples oportunidades, invadido y sumergido en la pobreza. Cada vez más nos acercamos a lo que fuese Colombia hace un par de décadas. Por ahí empezamos, ¡se nos fue San Juan!

 

Participación Ciudadana: Derecho Humano garantía de desarrollo

Daren Acemoglu y James Robinson, dos reconocidos académicos, exponen en diversos trabajos qué el factor determinante para que un país alcance altos niveles de desarrollo debe tener instituciones de calidad, en donde uno de los determinantes es que sean de carácter inclusivas y no extractivas. Dicho de otra manera, instituciones que sean inclusivas donde los ciudadanos puedan participar en el diseño de pAsamblea en barrioolíticas públicas y en general de la vida pública, en donde el Estado rinda cuentas a quien se debe, el pueblo, y no al revés.

Los derechos humanos, si bien su declaración fuera realizada mucho tiempo antes que las investigaciones de Acemoglu y Robinson, muchos de los artículos rescatan el carácter inclusivo de quien tiene por deber garantizar los Derechos Humanos, el Estado. Especialmente quisiera rescatar el artículo 21, que versa “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público” y el 29 que versa que “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”.

El hecho de poder votar periódicamente para elegir a nuestros representantes en la presidencia, los gobiernos locales o un parlamento muchas veces no son garantías de que se tengan autoridades inclusivas o que se la voluntad del pueblo la que se vea verdaderamente reflejada en las decisiones del estado. Es por ello que me parece apropiado que uno de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos rescate los deberes que tienen los ciudadanos con respecto a la comunidad para el desarrollo pleno de su personalidad y –agregaría yo- de la propia comunidad y el país. El Estado debería ofrecer mecanismos más allá de los establecidos en elecciones de cargos populares para poder garantizar no sólo la inclusión de todos los sectores de la sociedad sino también ver reflejada la voluntad de los ciudadanos para decisiones de gran magnitud que los puedan impactar directamente. En otras palabras, empoderar más a los ciudadanos brindando espacios donde pueda efectivamente participar en la toma de decisiones que afectará a su comunidad.

Latinoamérica, a pesar de sus grandes fallas en la protección y garantía de derechos humanos en varios países, ha hecho un importante avance en este aspecto al menos desde los gobiernos locales en la asignación del presupuesto local.

La práctica conocida como Presupuesto Participativo efectivamente brinda a los ciudadanos un espacio en donde pueden participar como comunidad y expresar su voluntad en torno a algo que los atañe directamente. Son prácticas como el Presupuesto Participativo las que permiten que los ciudadanos puedan cumplir con su deber respecto a la comunidad, contribuyendo a su desarrollo y también en donde pueden ver que el Estado efectivamente cumpla con los acuerdos que en estas sesiones se alcancen y se haga lo que la comunidad establezca.

Sin embargo, hay algunas condiciones que se deben cumplir para que este tipo de prácticas estén efectivamente alineadas con los artículos 21 y 29 de la convención de Derechos Humanos. Entre ellas pudiésemos encontrar:

1. No deben existir barreras para poder participar (sólo en algunos casos un mínimo de edad)

2. Deben haber acciones, políticas, compromisos, documentos o resultados que deriven de estos espacios de participación.

3. El trato entre ciudadanos debe estar marcado por la equidad y el respeto. En el momento que exista discriminación por opiniones políticas, religiosas, ideológicas o de cualquier otra índole o que el trato hacia los ciudadanos sea distinto por alguno de estos factores, el espacio de participación queda desvirtuado e incurra en violación de los Derechos Humanos previamente mencionados

Estas son algunas condiciones necesarias pero en muchos casos no son suficientes. También se debe velar por que las condiciones de estos espacios sean de fácil acceso, amplía difusión y que sean organizados de tal manera que la mayor cantidad de personas puedan participar.

Siguiendo con el ejemplo del Presupuesto Participativo, el hecho de que de estos espacios de encuentro ciudadano deriven medidas como diagnósticos con información de los propios ciudadanos y asignaciones presupuestarias que representan la verdadera voluntad de los ciudadanos que participen en estas dinámicas, suponen un mecanismo efectivo de participación ciudadana dentro de la comunidad (deber establecido en el artículo 29) y del respeto a la voluntad popular (artículo 21) más allá de la elección de los cargos directivos de algunas instituciones del Estado.

Por último, espacios como este fortalecen la transparencia, descentralización del poder y las instituciones basadas en la voluntad de los ciudadanos y no únicamente sus gobernantes. Espacios donde los ciudadanos puedan cumplir con su deber respecto a la comunidad pero que deriven en medidas y políticas que reflejen la voluntad popular son maneras efectivas de crear instituciones inclusivas, quizá uno de los factores más determinantes para alcanzar el desarrollo que tanto anhelamos en el continente.

@santirosas

La Venezuela liberal del siglo XIX

Originally posted on Serapeion Humanitas:

El siglo XIX fue un periodo de nuestra historia que estuvo dominado por una ideología particular: el liberalismo. Así como sucedió aquí, en muchas naciones del mundo el liberalismo fue la principal herramienta conceptual para diferenciar y justificar a los nuevos regímenes “modernos” de aquellos vinculados con las ideas del Antiguo régimen.  Los inicios republicanos en Venezuela estuvieron definidas por las líneas que marcó esta ideología y es fundamental su estudio si aspiramos comprender las mentalidades y el proyecto de nación de esa época. No obstante, el objetivo de este artículo es presentar solo algunos aspectos llamativos del mismo que quizá puedan arrojar cierta luz sobre el liberalismo que se practicó en aquellos tiempos.

El eterno enfrentamiento: Conservadores vs Liberales

Uno de los debates más interesantes de nuestra historia se encuentra en los dos bandos políticos de mayor importancia que se conformaron a comienzos y mediados del siglo XIX. La…

View original 1,347 more words

La columna vertebral de los derechos humanos*

Tags

, , ,

“Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;”[1]

Los Derechos Humanos, como bien muestra el fragmento del preámbulo expuesto, son una clara muestra de algo que –aunque evidente- muchas veces se ignora en la literatura, los discursos y las exposiciones políticas y sociales: no se pueden garantizar los derechos humanos si no se puede garantizar antes la libertad para ejercerlos. Sin embargo, pareciera que la consecución de mayores libertades tanto como medio como fin han sido olvidados del discurso político, aun cuando existe cada vez mayor conciencia sobre los Derechos Humanos y presión para que se respeten.

Expone el ganador del premio Nobel, Amartya Sen[2], que el desarrollo puede ser entendido como la superación de todos aquellos obstáculos que limiten el pleno ejercicio de la libertad individual. Esta visión es compatible con la establecida en la declaración derechos humanos pues en cuanto los individuos puedan participar libre y activamente dentro de la sociedad podrán liberarse, por ejemplo, de la miseria, una de las formas más crueles de privaciones del ejercicio pleno de la libertad individual. Es el propio Sen quien trabaja la idea de que el desarrollo de los individuos se alcanza con la mezcla entre capacidades y oportunidades.

Los derechos humanos justamente velan por la existencia y el acceso a que las personas desarrollen sus capacidades y aprovechen las oportunidades. Recordemos que a través de artículos como el 26 de la declaración de los derechos humanos, que prevé el acceso a la educación, la cual (…) “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”  se busca garantizar el desarrollo de capacidades –aunque sean básicas- de todo ser humano. Los derechos humanos también velan porque estas capacidades puedan ser universales, sin que estén sujetas a discriminaciones por raza, opiniones o religión, es decir, que haya libertad tanto en el acceso como en el ejercicio. De nada sirve contar como capacidades si no se pueden ejercer debido a discriminaciones por creencias, razas u opiniones. Una sociedad que discrimina automáticamente excluye, y por lo tanto, restringe oportunidades y con ellas, el desarrollo.

Hay derechos que protegen la libertad de asociación, la propiedad privada, el acceso al trabajo libre (y con ello contra la esclavitud o trabajo forzoso) , la libertad de expresión y la no-discriminación que –directa o indirectamente- terminan garantizando un ambiente propicio para el florecimiento de las oportunidades en cuanto los individuos pueden interactuar libremente entre sí y ejercer sus libertades individuales para velar por su bienestar sin importar sus creencias u opiniones políticas. En la medida que existan individuos que hayan desarrollado capacidades, siempre y cuando exista una sociedad libre en donde se respeten las libertades fundamentales y los derechos humanos, existirán las oportunidades para hacer uso pleno de las capacidades. Una sociedad libre no implica únicamente una sociedad sin discriminación y con libertad de expresión, implica una sociedad que se pueda desarrollar, una sociedad liberada de la miseria.

Desarrollo, Derechos Humanos y Libertad

Aunque la libertad y los derechos humanos estén íntimamente ligados, pareciera no ser una concepción presente en las sociedades latinoamericanas donde la superación de la pobreza es sin duda el reto y deuda pendiente pero donde la libertad no es comprendida como instrumento para superarla ni tampoco es vista como un fin deseable como sociedad. La ampliación de las libertades individuales es un fin y un medio en sí mismo, por lo que es deseable para cualquier sociedad que sea una concepción generalizada y tenga el protagonismo que se merece en las discusiones políticas, sociales y académicas. Para ello, la declaración de los derechos humanos, su respeto y promoción son una guía fundamental para alcanzar una sociedad libre y desarrollada pues aunque pueda existir crecimiento económico por períodos prolongados de tiempo, el desarrollo sostenible de una sociedad solo es posible si se da en libertad y en pleno respeto a los derechos humanos.

Los derechos humanos, así como las libertades, deben ser comprendidos no solamente como un fin a alcanzar sino como un medio que permitan la garantía y consecución de mayores derechos y libertades, y con ello, del desarrollo. Como sociedad tenemos claro nuestro objetivo y deuda, este artículo propone el respeto y garantía a las libertades individuales y los derechos humanos como una vía para alcanzar ese objetivo y saldar la gran deuda pendiente en el continente.

* Escrito para la Red De Apoyo de Derechos Humanos. Saldrá publicado en Diario La Voz

[1] http://www.un.org/es/documents/udhr/

[2] https://www.nytimes.com/books/first/s/sen-development.html

Confianza en La Justicia (Escrito para Diario La Voz)

*** Las detenciones arbitrarias se han debido a diversas razones a lo largo de la historia, la mayoría de ellas asociadas a intolerancias de las personas quienes ostentan el poder y la responsabilidad de administrar el uso de la fuerza y la justicia

Por Santiago Rosas

“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, reza el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Es interesante leer este artículo y ver qué implicaciones trae violar este derecho humano más allá del evidente daño que se le haga al individuo. El hecho de que un Estado realice detenciones a personas de manera arbitraria supone una fractura en el sistema judicial del país en cuestión y especialmente en la imparcialidad y confianza que puedan tener sus ciudadanos y ciudadanas en él.
Por el peso que tiene la administración de la justicia en una sociedad, una fractura en la confianza en el sistema judicial tiene consecuencias muy profundas para un país. Detener o meter preso a alguien arbitrariamente, sin ningún tipo de prueba o sin respeto por el debido proceso supone una muestra de discrecionalidad en el ejercicio de la justicia y representa falta de garantías mínimas sin las cuales no se puede tener confianza en el sistema judicial. La confianza tanto en una persona como en un sistema, idea o institución es algo que construye con tiempo, palabras y acciones que toma tiempo en consolidarse y se puede derrumbar muy rápidamente.

Sin confianza no hay denuncia

Confiar en un sistema judicial imparcial, que responda a evidencia concreta y no a voluntades de particulares u órdenes y que éste basado en los procesos establecidos en la ley es fundamental para garantizar la convivencia pacífica entre las ciudadanas y ciudadanos. La igualdad ante la ley permite que ningún grupo o persona ejerza influencia sobre el sistema judicial para perjudicar a otro grupo o persona, cuya expresión más evidente puede ser una detención, destierro o prisión arbitraria. En el momento que esto ocurra –independientemente de las razones que lo motiven- el Estado pasa de ser garante a ser verdugo ya que sobre él recae la responsabilidad de ejercer justicia y garantizar el respeto de los derechos de todas y todos los habitantes de un país.
Las detenciones arbitrarias se han debido a diversas razones a lo largo de la historia, la mayoría de ellas asociadas a intolerancias de las personas quienes ostentan el poder y la responsabilidad de administrar el uso de la fuerza y la justicia. Vemos así como han habido detenciones arbitrarias por motivaciones políticas, étnicas, religiosas y de otros tipos que normalmente supone una persecución a grupos minoritarios o disidentes que pueden y suelen acarrear violaciones a otros derechos humanos o –en el mejor de los casos- serias restricciones o altos costos a su libre ejercicio.

Justicia parcial o tardía no es justicia

Con cada detención o destierro arbitrario y realizado sin ningún fundamento en la legalidad, el Estado envía un mensaje claro a todas y todos que compartan características con quien ha sido desterrado o detenido. Supongamos, por ejemplo, que varios movimientos sociales proponen una reforma en el funcionamiento de los Consejos Locales de Planificación Comunal que alteran el status-quo de quienes lo presiden actualmente y que quienes ven disminuido su poder de influencia no están de acuerdo y lo perciben como una amenaza. Si estas personas tienen alguna influencia sobre cuerpos de seguridad o personas con poder de detener o desterrar y la utilizan para detener arbitrariamente a quienes propusieron la reforma, están desincentivando a cualquier persona que quiera proponer cualquier reforma o modificación que altere el status-quo de las personas que actualmente cuentan con la influencia o el poder de detener o desterrar a un tercero. ¿Qué movimiento social propondría una reforma al funcionamiento de los Consejos Locales de Planificación Comunal si cuando otro movimiento lo intenta termina con sus miembros detenidos o presos sin haber cometido crimen o irregularidad que lo amerite?
Una detención arbitraria es a una sociedad lo que a una relación de pareja es la infidelidad: una ruptura profunda en la confianza que puede no ser sanada o que toma tiempo para ser recuperada. Importará poco la gravedad de la detención, el simple hecho de haberlo hecho conlleva implicaciones graves. En el momento en que un pueblo le teme al sistema que lo debería proteger, se distorsiona la relación entre ciudadano y Estado y con ello la manera en que funcionamos como sociedad.
Sin embargo, aunque las detenciones arbitrarias sean de gran preocupación, el propio Estado siempre tendrá el poder de rectificar para intentar recobrar la confianza del pueblo. En este sentido, lo primero que debería hacer el Estado para tratar una detención o destierro arbitrario es dar una sanción ejemplar a toda la cadena de mando que haya estado involucrada en el hecho, ya que sería una señal –aunque no tan fuerte como la de la detención arbitraria- para todos aquellos funcionarios o individuos que hayan sido perpetradores o cómplices de la detención o destierro de que las acciones arbitrarias si acarrean consecuencias y no serán toleradas en un Estado con derecho. Nuestro deber como ciudadanas y ciudadanos es levantar nuestra voz ante cualquier detención o destierro arbitrario y exigir el cumplimiento y respeto a los Derechos Humanos. Solo así podremos garantizar las bases para una convivencia en paz.

Lo que dice la Constitución

Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”

Internet como Derecho Humano (escrito para Diario La Voz)

Tags

, , ,

Se dice que los pensamientos y cambios de una sociedad se ven reflejados en su legislación. Es así como vemos que en sociedades que catalogamos cómo menos “conservadoras”,existe legislación para el matrimonio igualitario, por ejemplo. Ahora bien, los cambios en nuestras maneras de vivir también se ven reflejados en la legislación, incluyendo también a los Derechos Humanos.

internet_censorship_in_china_608339Es quizá la masificación del Internet uno de los mayores -sino el mayor- causante de cambios en nuestra manera de vivir en lo que va de milenio. Los cambios los vemos en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, este texto se enfocará en aquellos que tienen incidencia directa sobre algunos Derechos Humanos.

El internet es la herramienta de acceso a la información más poderosa con la que cuenta la humanidad. Es un lugar donde todos los ciudadanos somos iguales, tenemos acceso a la misma información y no existe ningún tipo de discriminación. Cuando hace 20 años encontrar una ley, una imagen o en general cualquier información podía ser un proceso largo, costoso y complejo, hoy está al alcance de un clic para cualquier ciudadano en el mundo. Los horizontes informativos se han multiplicado y la cantidad de información disponible ha pasado de quizá una enciclopedia o un periódico a miles de páginas web con información -para fines prácticos- infinita.

Más aún, el propio internet ha ido evolucionando y actualmente supone una plataforma elemental para el ejercicio de la libertad de expresión ya que permite a cualquier ciudadano expresarse a través de sus comentarios y/o artículos en portales informativos, su propio blog, redes sociales, correo electrónico y un sinfín de posibilidades que ofrece la web.

Ahora bien, ¿por qué la Organización de Naciones Unidas (ONU) decide declarar el acceso al internet como un Derecho Humano? Pues así como las herramientas para aumentar y masificar el ejercicio de nuestras libertades avanzan rápidamente, los Estados avanzan en su capacidad de restringirlas con casi igual velocidad. Esto ha sido el caso en varios países donde al enfrentar crisis sociales y/o políticas, el Estado decide limitar o eliminar el acceso a internet y con ello, mantener a miles de personas sin acceso a la información o eliminando la posibilidad de que se puedan expresar libremente o comunicarse entre ellos, ya que el Internet también supone una vital fuente para realizar convocatorias a manifestaciones y de comunicación. Cuando los gobiernos deciden, por ejemplo, bloquear algunas páginas de internet por tener posiciones e ideologías contrarias al Estado o bloquear la capacidad de que los usuarios de la red social twitter puedan publicar o descargar fotos, supone una grave violación a la libertad de expresión.

Es por ello que en mayo de 2011, el relator especial de la ONU para la promoción y protección de la libertad de expresión y opinión, emite un reporte detallado sobre las violaciones a los derechos de libertad de expresión, desarrollo y otros derechos humanos realizado por varios Estados y recomienda adoptar el acceso a internet como un derecho humano, recomendación aceptada que nos permite afirmar que el acceso a internet es actualmente un derecho humano (Buscar la resolución de la ONU A/HRC/17/27 para mayor detalle).

La razón fundamental para considerar el acceso a internet como un derecho humano radica en el carácter de facilitador que tiene para asegurar o contribuir con otros derechos humanos tales como el derecho a la libertad de expresión o al desarrollo. Por ejemplo, en situaciones donde el Estado reprime manifestaciones y tiene control (directo o indirecto) sobre los medios de comunicación social tales como la televisión o la radio, es en el internet donde aquellas víctimas de violaciones de Derechos Humanos pueden expresarse libremente, sin ningún tipo de censura y mostrar documentación gráfica, escrita o en audio que pueda informar al resto de los ciudadanos sobre una situación irregular.

Bloquear el internet, parcial o totalmente, implica que existirán voces que jamás serán escuchadas, leídas, difundidas y que aquellos organismos o personas que han violado derechos humanos pueden pasar en el anonimato sin sufrir sanción siquiera social por sus hechos. El acceso al internet garantiza que cualquier persona se pueda informar de lo que quiera, cuando quiera y de la fuente que prefiera sin ningún tipo de restricción y le permite expresarse libremente.

Una vez comprendida la importancia del acceso a internet, se deben discutir necesariamente condiciones de calidad y accesibilidad. Es cada vez más aceptado entre las naciones la obligación de los Estados de garantizar no sólo que no se restrinja el acceso a internet sino también que se garantice su acceso a aquellas personas sin suficientes recursos para contratar el servicio y que el servicio sea de calidad.

El internet es de las pocas herramientas que permitan que todos los ciudadanos seamos iguales y tengamos las mismas posibilidades, sin importar religión, género, estatus socioeconómico o ideología política, donde la información es pública y accesible a todos por igual.

 

Inocente por ahora

Tags

, , , ,

*Este artículo fue publicado en Correo del Orinoco el 28/3/2014

Inocente por ahora“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde que tengo memoria es costumbre ver como con frecuencia se presume de la culpabilidad de toda persona acusada de delito hasta que se demuestre que es inocente, completamente contrario a lo que dictan los derechos humanos. Esto lo he visto a todos los niveles, desde discusiones entre vecinos por cualquier disputa hasta las diferencias que se realizan entre los debates de mayor resonancia, normalmente en discusiones políticas.

Aún sin saberlo, desde pequeños presumimos en muchos casos la culpabilidad de nuestros hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de escuela, ante situaciones tan sencillas como la pérdida de una cartuchera o un borrador, sin tener prueba alguna más allá de un presentimiento, una sospecha, una impresión. Esta práctica aparentemente inofensiva y pequeña, se arraiga en nuestra sociedad y vemos como se mantienen las mismas prácticas para eventos mucho más significativos y de mayor resonancia. Así como de niños se hacían acusaciones sin fundamentos sobre la pérdida de un borrador, esos mismos niños hacen una acusación de corrupción o juicios morales muy severos sin contar con ningún tipo de pruebas que lo respalden.  Lo vemos a través de insultos y mensajes en medios de comunicación social tradicionales y –recientemente- a través de redes sociales y terminan condicionando el ambiente y la opinión del entorno que rodea tanto a quien acusa como a quien es acusado.

Pongamos un ejemplo sencillo: si una panadería es robada y el panadero acusa a una persona  de su comunidad de ser culpables, sin tener pruebas con que concluir esto y poder mostrarlo ante el órgano competente de justicia,  incurre en la difamación de la persona y puede condicionar la opinión y actitud de los vecinos ante la persona que está siendo acusada.  Acusaciones presumiendo de la culpabilidad y no de la inocencia de las personas puede llevar a consecuencias no previstas que pueden incurrir en otras violaciones a derechos humanos como atentados contra la vida, discriminación, entre otros. Imagínense que el mismo panadero decide convencer a un grupo en su comunidad de la culpabilidad de quien acusa (aún sin pruebas) y que este grupo de personas deciden emprender acciones que consideran son “justas” dada la culpabilidad del acusado. Así como somos responsables de todo lo que decimos, debemos ser aún más cuidadosos cuando hacemos una acusación, especialmente si se hacen a través de medios de comunicación social o desde posiciones de poder.

Sin darnos cuenta, presumir que las personas son siempre culpables y no inocentes nos conduce a una sociedad con mayor desconfianza, tolerancia y menor cooperación. Los prejuicios pueden ser sumamente nocivos para la convivencia y se han arraigado de tal forma en nuestra sociedad que componen un elemento de nuestra cultura que nos hace mucho más propensos a asumir culpabilidad antes que inocencia en personas que piensan distinto a nosotros o sólo por no pertenecer, por ejemplo, a nuestra familia.

Es quizá uno de los mayores retos que tenemos como sociedad la disminución o erradicación de los prejuicios. Sin embargo, también es uno de los más importantes puesto que en medida que disminuyen los prejuicios aumenta la disposición para el dialogo y con ello, una disminución importante de posibles conflictos, discriminaciones y violaciones a otros derechos humanos.

Las formas para ir logrando estos objetivos son múltiples, nunca de carácter exhaustivo y generalmente tampoco lo son de carácter mutuamente excluyentes. Sin embargo, los medios de comunicación social y las personas en posiciones de poder juegan un rol clave puesto que tienen una influencia importante en la sociedad y en el imaginario colectivo y son los primeros y primeras en fijar el ejemplo. En la medida que estas personas muestren prejuicios e intolerancia en espacios públicos, se arraigará en la sociedad la intolerancia y los prejuicios hacia un determinado grupo o incluso la población en general y mayor serán las probabilidades de incurrir en violaciones a derechos humanos.

Realizar conclusiones apresuradas que conlleven a una acusación, presumiendo de culpabilidad antes que de inocencia, puede parecer no traer mayores consecuencias puesto que si la persona es inocente y puede demostrarlo, lo hará. Pero sí trae consecuencias importantes en cuanto condiciona el entorno, puede generar prejuicios y sesgos en quienes deben administrar la justicia y también pueden llevar a condicionar el entorno donde se desenvuelve quien está siendo acusado sin bases certeras, propiciando ambientes de discriminación e intolerancia, muchas veces la base para la violación de derechos humanos.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 897 other followers