El 30 de abril de 2012, el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, anunció en cadena nacional la intención de retirar a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Ya basta. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar con esa espada de Damocles?”, afirmó el Presidente, señalando que la CIDH es utilizada por los Estados Unidos para arremeter contra los gobiernos que no se le subordinan, en específico, contra su gobierno, y recordó su versión de los hechos del 11 de Abril de 2002, “… uno como persona pidiendo que se resguardaran mis derechos y la Comisión lo que hace es responder al excelentísimo gobierno de Carmona”.

 

No es la primera vez que Chávez arremete contra esta Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2011, luego del fallo que exhortaba a habilitar políticamente a Leopoldo López, el Presidente expresó que la “tristemente célebre Corte forma parte de esas instituciones del pasado”,  y señaló que por ello Latinoamérica debe “seguir pujando y pariendo” una “nueva institucionalidad del siglo XXI”. Continuó diciendo que “para mí no vale nada, cero a la izquierda. Un corte de cabello vale más que esa Corte”.

 

Bien sabemos que, lastimosamente, el gobierno nacional ha tomado decisiones anteriormente basadas en un capricho Presidencial, por lo que no habría razones para no tomarse en serio estas declaraciones del Presidente, a pesar de la cantidad de implicaciones y complicaciones legales que esta decisión de retiro de la CIDH podría tener, incluyendo el hecho de ser una manera indirecta de retirarse de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, más allá del tema legal, quisiera exponer brevemente la preocupación que esto podría significar para todos los que estamos involucrados en el ámbito de salud mental.

De acuerdo con su página web oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la función de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas” a través de acciones como investigar peticiones sobre alegatos de violaciones de los derechos humanos por parte de los Estados Miembros y la realización de informes sobre la situación de los DDHH en los distintos Estados, entre otras.

 

En su informe sobre Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, emitido en el 2010 por esta Comisión, se denunció “la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos”. Resulta claro, entonces, que la CIDH presenta una amenaza constante para el proyecto del Presidente Chávez. A pesar de no cumplir con sus recomendaciones, el simple hecho de las denuncias y el desacato de sus sentencias, manchan la impecable “revolución bolivariana” que Chávez vende en Latinoamérica.

 

Rodríguez (s.f). analiza la relación de los derechos humanos con la salud mental, y expone que sus factores de riesgo están inexorablemente envueltos por un contenido político y social. De esta forma, la psicopatología ha sido utilizada anteriormente para justificar intereses particulares del Estado, como lo es el invento de la noción clínica de la “disociación psicótica”.

 

Como psicólogos, este término nos causa una mezcla de risa y frustración, no sólo por la incompatibilidad teórica del mismo, sino por el sinsentido del concepto en sí, al ser aplicable solo a la clase media venezolana y presentar como síntomas “agresión e intolerancia” hacia el Presidente de la República y sus seguidores (Rodríguez, s.f.).  De esta forma, el gobierno patologiza una conducta política (y democrática, cabe destacar) como adversar al Presidente.  El mensaje es claro: ¿quién en su sano juicio podría estar en contra de la Revolución? Imposible, tiene que ser que están enfermos.

 

Este tipo de manipulaciones de la patología han continuado, siendo más notorias en el caso de Franklin Brito. En esa oportunidad, la CIDH otorgó medidas cautelares al caso, indicando el derecho del paciente a ser evaluado y tratado por un medico de su confianza o de la Cruz Roja. El Ministerio Público no acató la orden, alegando la Fiscal simplemente que: “Brito tiene conductas mentales no ajustadas a la normalidad”. Del mismo modo, el  Secretario de la Comisión expresó su intención de visitar a Brito, pero el gobierno nacional le negó la entrada, al igual que a los enviados de la Cruz Roja.

 

Se ha visto, entonces, que existen precedentes de casos que relacionan las decisiones de esta Comisión con la salud mental. También está claro que la Comisión no ha sido el ente más efectivo en estos casos y que con un simple “ellos son imperialistas”, el Presidente se deshace de cualquier orden o denuncia que no le gusta. Sin embargo, estos deshaceres tienen
un costo político intangible, especialmente en materia de relaciones internacionales donde el gobierno pretende mantener aún una careta democrática.

Por este motivo, la no-existencia de esta instancia puede tener repercusiones mucho más graves que una simple inefectividad. En materia de derechos humanos los venezolanos quedamos, básicamente, a la merced de unos poderes públicos nada independientes, que en miles de ocasiones han mostrado su lealtad absoluta al Presidente Chávez. No sería de extrañar, tampoco, que de  mantenerse la actual situación política venezolana (es decir, de ganar Chávez las elecciones del 7 de Octubre de 2012) continúen medidas de este tipo a escala mayor, por ejemplo con el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y/o con las pocas Organizaciones No Gubernamentales que aún tienen acceso al país.

 

El caso de Brito podría ser uno de los muchos que vendrán. La salud mental estaría cada vez más susceptible a ser utilizada para inhabilitar no sólo a líderes políticos y sociales, sino a los ciudadanos comunes que deseen luchar por la violación de alguno de sus derechos. Y esta vez, no existirán para el gobierno, ni siquiera medidas que desacatar.