Tortura con sentido. Tortura sin sentido. Tortura al fin.

TorturaLa Defensora del Pueblo hace pocos días distinguió públicamente algunos actos catalogados como tortura de otros que no calificaban como tortura. Expresamente la distinguió partiendo de que la tortura requería ¨un sentido¨: obtener una confesión.  Su mensaje, confuso y altamente controvertido, llevó a un juego de palabras que permitió interpretar incluso que la Defensora estaba justificando el uso de tortura, interpretación que luego fue, correctamente, retractada por los medios que así lo afirmaron.

Sin embargo, excluyendo el juego de palabras, la sustancia del mensaje de la Defensora estuvo errado también. En líneas generales, no se requiere que un acto se haga con el fin (o con el sentido) de obtener una confesión , para que califique como tortura de acuerdo a los estándares internacionales.  La tortura de acuerdo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, requiere (1) un acto que intencionalmente cause dolor y sufrimiento grave, mental o físico; (2) que este acto atienda a un fin (el cual puede ser obtener una confesión, castigar a la víctima por algo, intimidar o persuadir, o discriminar); y (3) que haya sido causados por un funcionario público, directamente o indirectamente.

Buscando una solución práctica, antes de sólo criticar el desconocimiento del concepto de tortura por parte del órgano constitucional encargado de velar por el respeto de los derechos humanos (y, como consecuencia, la prohibición de la tortura), prefiero dedicarme a desglosar los elementos de la tortura para que el lector pueda calificarlo de una forma responsable.

Primeramente, el acto debe ser cometido por un funcionario del Estado. Normalmente son cometidos por funcionarios policiales o militares, aunque la definición conforme al estándar internacional es amplia.  También califican como tortura aquellos actos cometidos por personas que no sean funcionarios públicos, si fueron realizados por dirección de funcionarios públicos. También constituyen actos de tortura aquellos casos en los cuales los funcionarios públicos toleran que se generen actos de esta naturaleza, aunque no hayan sido ellos mismos quienes hayan realizado dichas agresiones.

En segundo lugar, el acto debe causar un dolor o sufrimiento grave, aunque no se limita a un acto de naturaleza física. Perfectamente pueden constituir actos que causen un dolor o sufrimiento grave maltratos psicológicos y emocionales.  Dicho acto debe ser intencional.

Finalmente,  en efecto la tortura debe tener un ¨sentido¨ (entendiendo ¨sentido¨ como un fin), por lo que no toda agresión que cause un sufrimiento grave causada por un funcionario público califica como tortura.  Dicho sentido  puede ser el obtener una confesión, pero también puede ser el castigar a una víctima por alguna razón (e.j. castigarle por manifestar),  intimidarle (e.j. deje de manifestar), persuadirle de alguna conducta (e.j. apoye a una corriente política), o en líneas generales, por una razón discriminatoria (e.j. por ser opositor).

Entonces: cuándo un funcionario público somete a cargas eléctricas a un protestante detenido por protestar, es tortura; cuándo durante una detención, cualquier persona es rociada de gasolina y amenazada de quemarles para exhortarles que reconozcan a alguien como Presidente, constituye una tortura; cuándo una persona es agredida sexualmente con un fusil por ser opositor: es tortura.

Estoy de acuerdo con el mensaje de la Defensora-vía-twitter en el que afirma que  ¨la tortura es el acto mas abominable en el que puede incurrir un uniformado¨.  Por lo mismo, es importante tener claridad en el mensaje. Los juegos de palabra son peligrosos, especialmente en el campo de los derechos humanos y la interpretación del derecho. Pero aunque la Defensora tenga razón en que debe existir ¨un sentido¨ en la tortura, tiene más sentido aún que existiendo denuncias con esos elementos que internacionalmente se definen como tortura, no se investiguen ni se sancionen.

Por nuestra parte, que nos queda. La prohibición de tortura y los derechos humanos en general son obligación del Estado respetarlos, pero nos impone a nosotros un derecho de conocerlos y exigirlos.  E independientemente del sentido que haya o no haya para la tortura, y de los tecnicismos que imponga el derecho, el Estado debe responder por las manifiestas violaciones a derechos humanos en las que incurra.

Prohibida la Tortura con sentido. Prohibida la Tortura sin sentido. Prohibida la Tortura al fin.