*** Las detenciones arbitrarias se han debido a diversas razones a lo largo de la historia, la mayoría de ellas asociadas a intolerancias de las personas quienes ostentan el poder y la responsabilidad de administrar el uso de la fuerza y la justicia

Por Santiago Rosas

“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, reza el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Es interesante leer este artículo y ver qué implicaciones trae violar este derecho humano más allá del evidente daño que se le haga al individuo. El hecho de que un Estado realice detenciones a personas de manera arbitraria supone una fractura en el sistema judicial del país en cuestión y especialmente en la imparcialidad y confianza que puedan tener sus ciudadanos y ciudadanas en él.
Por el peso que tiene la administración de la justicia en una sociedad, una fractura en la confianza en el sistema judicial tiene consecuencias muy profundas para un país. Detener o meter preso a alguien arbitrariamente, sin ningún tipo de prueba o sin respeto por el debido proceso supone una muestra de discrecionalidad en el ejercicio de la justicia y representa falta de garantías mínimas sin las cuales no se puede tener confianza en el sistema judicial. La confianza tanto en una persona como en un sistema, idea o institución es algo que construye con tiempo, palabras y acciones que toma tiempo en consolidarse y se puede derrumbar muy rápidamente.

Sin confianza no hay denuncia

Confiar en un sistema judicial imparcial, que responda a evidencia concreta y no a voluntades de particulares u órdenes y que éste basado en los procesos establecidos en la ley es fundamental para garantizar la convivencia pacífica entre las ciudadanas y ciudadanos. La igualdad ante la ley permite que ningún grupo o persona ejerza influencia sobre el sistema judicial para perjudicar a otro grupo o persona, cuya expresión más evidente puede ser una detención, destierro o prisión arbitraria. En el momento que esto ocurra –independientemente de las razones que lo motiven- el Estado pasa de ser garante a ser verdugo ya que sobre él recae la responsabilidad de ejercer justicia y garantizar el respeto de los derechos de todas y todos los habitantes de un país.
Las detenciones arbitrarias se han debido a diversas razones a lo largo de la historia, la mayoría de ellas asociadas a intolerancias de las personas quienes ostentan el poder y la responsabilidad de administrar el uso de la fuerza y la justicia. Vemos así como han habido detenciones arbitrarias por motivaciones políticas, étnicas, religiosas y de otros tipos que normalmente supone una persecución a grupos minoritarios o disidentes que pueden y suelen acarrear violaciones a otros derechos humanos o –en el mejor de los casos- serias restricciones o altos costos a su libre ejercicio.

Justicia parcial o tardía no es justicia

Con cada detención o destierro arbitrario y realizado sin ningún fundamento en la legalidad, el Estado envía un mensaje claro a todas y todos que compartan características con quien ha sido desterrado o detenido. Supongamos, por ejemplo, que varios movimientos sociales proponen una reforma en el funcionamiento de los Consejos Locales de Planificación Comunal que alteran el status-quo de quienes lo presiden actualmente y que quienes ven disminuido su poder de influencia no están de acuerdo y lo perciben como una amenaza. Si estas personas tienen alguna influencia sobre cuerpos de seguridad o personas con poder de detener o desterrar y la utilizan para detener arbitrariamente a quienes propusieron la reforma, están desincentivando a cualquier persona que quiera proponer cualquier reforma o modificación que altere el status-quo de las personas que actualmente cuentan con la influencia o el poder de detener o desterrar a un tercero. ¿Qué movimiento social propondría una reforma al funcionamiento de los Consejos Locales de Planificación Comunal si cuando otro movimiento lo intenta termina con sus miembros detenidos o presos sin haber cometido crimen o irregularidad que lo amerite?
Una detención arbitraria es a una sociedad lo que a una relación de pareja es la infidelidad: una ruptura profunda en la confianza que puede no ser sanada o que toma tiempo para ser recuperada. Importará poco la gravedad de la detención, el simple hecho de haberlo hecho conlleva implicaciones graves. En el momento en que un pueblo le teme al sistema que lo debería proteger, se distorsiona la relación entre ciudadano y Estado y con ello la manera en que funcionamos como sociedad.
Sin embargo, aunque las detenciones arbitrarias sean de gran preocupación, el propio Estado siempre tendrá el poder de rectificar para intentar recobrar la confianza del pueblo. En este sentido, lo primero que debería hacer el Estado para tratar una detención o destierro arbitrario es dar una sanción ejemplar a toda la cadena de mando que haya estado involucrada en el hecho, ya que sería una señal –aunque no tan fuerte como la de la detención arbitraria- para todos aquellos funcionarios o individuos que hayan sido perpetradores o cómplices de la detención o destierro de que las acciones arbitrarias si acarrean consecuencias y no serán toleradas en un Estado con derecho. Nuestro deber como ciudadanas y ciudadanos es levantar nuestra voz ante cualquier detención o destierro arbitrario y exigir el cumplimiento y respeto a los Derechos Humanos. Solo así podremos garantizar las bases para una convivencia en paz.

Lo que dice la Constitución

Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”