Originalmente publicado en Correo del Orinoco como contribución a la Red De Apoyo 10-6-2016 (http://www.correodelorinoco.gob.ve/opinion-libre/desarmando-a-poblacion-y-a-corrupcion-tematica/) – Ilustración a cargo del periódico

Una de las características que hacen diferenciar al Estado de cualquier otra organización es el monopolio de las armas y el uso de las fuerza en un territorio determinado. La aparición de grupos criminales organizados, con fuerte armamento y que compiten en el uso de la fuerza y el establecimiento de orden, son un importante riesgo para un Estado fallido. Especialmente en contextos como el descrito, es fundamental tener una ley de desarme que sea realista y que se pueda ejecutar de manera efectiva, sin importar que sus resultados se vayan logrando de manera gradual. El costo de no hacerlo es comprometer la estabilidad institucional, con las debidas implicaciones que ello traería sobre la garantía de derechos básicos a las y los ciudadanos del país.

¿Cumplen su objetivo las leyes si no son acatadas o no existe una organización que las haga cumplir? Aunque la respuesta pareciera obvia, el funcionamiento de las instituciones políticas latinoamericanas no necesariamente actúa acorde y el enfoque en las leyes ha girado regularmente en su diseño y elaboración pero muy poco en el monitoreo de su cumplimiento.

Las iniciativas de ley son, en materia de desarme, un necesario primer paso para su consecución. Sin embargo, es mucho más importante que las leyes se acaten y que el desarme sea efectivo y no sólo en papel; y es ahí donde está el principal problema, al menos en Venezuela. Leyes sin instituciones que velen por su cumplimiento se vuelven únicamente una declaración de intención de los legisladores sobre un tema en particular pero no se transforman en realidad.

PRIORIZANDO POR EL ESTADO

Para que una política de desarme sea efectiva se debe recoger el armamento en manos de toda aquella persona que no tenga el debido permiso y asegurarse que los medios que consiguen este armamento sean cerrados.

Constitucionalmente es el Estado el organismo encargado de la administración de armamento y el otorgamiento de portes y permiso. Igualmente, es el encargado de custodiar las fronteras, por lo que la posesión de armas en manos de sujetos que no sean funcionarios tiene en la gran mayoría de sus casos una fuente y responsable: el Estado. Bien sea por corrupción o venta ilícita de armas de funcionarios a privados, por permitir sean contrabandeadas o por no supervisar adecuadamente las fronteras. Las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental en mantener la posesión exclusiva del armamento en el país.

Es por ello que al velar por el proceso de desarme deben ser investigados los principales cuerpos armados del Estado y los encargados de velar por el resguardo de las fronteras terrestres, aéreas o marítimas para identificar cualquier caso de corrupción o riesgo de ello que pueda terminar haciendo que armas en posesión del Estado pasen a manos del crimen. Sin corregir los casos de corrupción, ninguna ley o acción en el campo será efectiva en cuanto se atacaría la consecuencia y no la causa.

De existir impunidad con casos de corrupción o negligencia probada que resulten en grupos irregulares armados supone no solamente un riesgo para las y los ciudadanos que pueden convertirse en víctimas de estos grupos sino para el Estado mismo en cuanto pudiesen existir otras organizaciones que compitan por el dominio de un mismo territorio.

RETOS DEL DESARME

A nivel legislativo, nuestra actual ley del desarme tiene varios aspectos positivos como que la pena de porte y posesión ilícita de armamento es mayor si el sujeto es funcionario del Estado. También destaca el importante rol de las campañas, la concientización y los medios de comunicación en la promoción del desarme.

Sin embargo en la ejecución y lo legislativo, no reconoce la importancia del Estado en evitar que la población se siga armando a través de medios ilícitos por corrupción dentro de las fuerzas armadas y de esa manera ataca sólo las consecuencias visibles y no la causa fundamental que lleva a que grupos irregulares compitan en el control de áreas geográficas con el Estado.

Nuestra exigencia como ciudadanas y ciudadanos debe estar en una implementación efectiva de la ley, así como una investigación a profundidad de las fuerzas armadas que minimicen los riesgos de fuga de armamento de las instituciones que deberían tener la exclusividad del uso de la fuerza.

Un desarme efectivo es posible en la medida que las exigencias ciudadanas sean constantes y exista transparencia y voluntad. El primer paso es del Estado, pero la presión debe ser nuestra.

T/Santiago Rosas

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