Publicado originalmente en Correo del Orinoco, Enero 2017 https://reddeapoyo.org.ve/desarme-mas-alla-de-la-ilusion/

¿Es posible garantizar los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos que viven bajo la supervisión, dominio y terror de grupos irregulares o armados? Todo derecho genera un deber para alguna contraparte. Sin embargo, a diferencia de los estados, quienes tienen una obligación, moral y legal de velar por los derechos de las personas, grupos irregulares o criminales con control sobre un territorio o población no los tienen por lo que quedan sin ningún tipo de garantía de que sus derechos sean respetados o en último caso, una instancia a la cual apelar ante una violación.

Las armas constituyen un pilar fundamental del poder que pueden ejercer grupos irregulares sobre un territorio, población e incluso instituciones, afectando la capacidad del Estado como garante de los derechos humanos asociados a la libertad. El desarme de la población es siempre uno de los principales objetivos del Estado. Pero, ¿cómo se logra?

Mucho más que entregar las armas

Uno de los principales puntos para lograr un desarme efectivo, es reconocer que es un proceso que requiere de varias acciones en simultáneo y que suele requerir en primera instancia comprender la naturaleza de los grupos irregulares y negociar una salida pacífica a la situación de conflicto en la que están inmersos. Históricamente, tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, muchos grupos irregulares han estado asociados a motivaciones políticas, normalmente asociadas con ideologías extremas, que han buscado hacerse con el poder institucional a través de las armas.

En el caso de grupos irregulares con motivaciones políticas, la solución más común es haber llegado a negociaciones y acuerdos de paz acompañados de un buen proceso de desarme y desmovilización. Sin embargo, también es cierto que muchas veces los procesos o llamados al desarme han quedado en papel. ¿Por qué? Si el proceso de desarme no es parte de un proceso mayor de pacificación e integración de grupos marginados a la sociedad, no será exitoso. De la misma manera que la erradicación de cultivos de droga no se logra solo con fumigaciones y destrucción sino con brindarle alternativas a los agricultores rurales, el desarme tiene que ser parte de una estrategia comprensiva.

Sin embargo, recientemente, los grupos irregulares también se han asociado con motivaciones religiosas o se han mezclado con el crimen organizado como en el caso mexicano y parcialmente el colombiano y –pareciera- también el venezolano. En estos últimos casos, los procesos de negociación para la integración de estos grupos auto-marginados a la sociedad han sido complicados en cuanto las motivaciones son de una naturaleza distinta y soluciones institucionales pueden no resultar tan efectivas.

El delicado balance con la justicia

Todo proceso de paz que involucre negociaciones incluye concesiones en ambas partes. En este particular, en donde el desarme y la desmovilización son ramas fundamentales, existe un importante dilema el cual debe ser atendido como sociedad: la justicia frente a la paz. El desarme en donde ciudadanos entregan las armas por voluntad propia –generalmente como reacción a algún incentivo- abre una importante duda: ¿Deberían ser juzgadas estas personas por haber irrumpido la ley en una primera instancia? ¿Qué pasa con los crímenes cometidos con esas armas que todavía están impunes? ¿Dónde quedan los derechos de las víctimas? Estas son preguntas complejas con distintas respuestas, donde cada sociedad lo ha lidiado a su manera. En procesos de pacificación, suele ser común que se otorguen ciertas concesiones a conocidos criminales e incluso se les permita una transición de la política armada a la electoral. Ellos componen un incentivo fundamental para que los grupos armados accedan a dejar estas vías.

De fondo, pareciera prevalecer la noción de que exonerar o perdonar a algunos criminales se justifica en cuanto previene crímenes futuros y pone fin a períodos de conflicto con profundas consecuencias económicas, sociales y sobre todo en materia de derechos humanos. Sin embargo, se entra en un terreno difuso en términos de justicia, especialmente sentido por aquellos que hayan sido víctimas de los grupos que serán indultados o verán penas reducidas. Casos históricos en la región han sido polémicos y agitados en este sentido, donde incluso después de haber logrado acuerdos exitosos de paz, sectores completos de la población se sienten traicionados o desamparados por la justicia.

El rol de la sociedad civil

Aun cuando desde la sociedad civil solemos ver las esferas policiales, militares y armadas como algo lejano, es fundamental nuestra presencia en procesos de desarmes, pacificación o reformas de los sistemas de seguridad. Entre las razones para involucrarse en este tipo de procesos están:

  1. Representar a las víctimas de la dominación por grupos irregulares o bandas criminales
  2. Asegurar mecanismos de integración de los criminales a la sociedad bajo condiciones que aseguren que no exista un ambiente de revancha que incite a la reincidencia criminal
  3. Cumplir la función de garante del acuerdo y velar por su cumplimiento efectivo. En muchos contextos, la línea entre estado y crimen puede ser difusa y la supervisión que haga la sociedad civil puede reducir notablemente la corrupción o acciones que disminuyan la efectividad del proceso de paz y el proceso de desarme.

El desarme no es inmediato y requiere de cooperación entre sociedad civil, Estado y grupos armados. Tampoco es sencillo ni será perfecto. Sin embargo, el primer paso debe ser involucrarnos, demandando ser escuchados e informados ante las posibles negociaciones.

 

Artículo de opinión de Santiago Rosas publicado en Correo del Orinoco 
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