Originalmente publicado Agosto 2014 http://www.diariolavoz.net/2014/08/24/las-victimas-silentes-de-la-corrupcion/ 

Insuficiencias o deficiencias en el servicio de salud pueden también tener su raíz en la corrupción. Cada vez que dinero público se desvía de su asignación original, las consecuencias son pagadas por los ciudadanos

Un joven de 15 años muere en la sala de un hospital latinoamericano por falta de donantes de sangre. Horas antes un apagón dejo sin refrigeración la sangre disponible en el banco de sangre más grande y cercano de la ciudad. Las plantas eléctricas del banco de sangre que debieron activarse no eran las adecuadas, no eran las contratadas. La falla eléctrica se originó por falta de mantenimiento en el circuito eléctrico. Un mantenimiento multimillonario que jamás fue ejecutado. Este joven es tan sólo una de las tantas víctimas silentes de la corrupción.

Más allá de ser un impuesto oculto a la sociedad y una asignación ineficiente de los recursos públicos; la corrupción es uno de los obstáculos más fuertes que afrontan las sociedades para la garantía y pleno goce de los derechos humanos. La corrupción compromete la capacidad del Estado de sostener políticas públicas en áreas tan sensibles como lo pueden ser salud o educación, fundamentales para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. En muchas ocasiones, el alcance que puede tener el Estado en materia educativa para garantizar cobertura total para primaria y secundaria, se queda trabado en el bolsillo de algún burócrata o en un proyecto financiado pero jamás ejecutado.

Insuficiencias o deficiencias en el servicio de salud pueden también tener su raíz en la corrupción. Cada vez que dinero público se desvía de su asignación original, las consecuencias son pagadas por los ciudadanos. Por lo general, los ciudadanos más afectados por la corrupción son los más dependientes por los servicios y políticas que presta el Estado. Es decir, aquellos ciudadanos con medios económicos insuficientes como para costear servicios de salud y educación privados, por ejemplo.

Lo mencionado hasta ahora, sólo muestra un claro vínculo entre la corrupción y el cumplimiento de derechos humanos como el derecho a la educación o al desarrollo. Sin embargo, la corrupción tiene implicaciones severas para los derechos humanos cuando afectan al sistema judicial de un país. Entre las consecuencias podemos encontrar discriminación en el acceso a la justicia, rotura de la presunción de inocencia, desigualdad ante la justicia, violación de la propiedad privada, entre otros. Un sistema judicial corrupto debilita severamente la confianza de los ciudadanos en el Estado y sobretodo en su capacidad de garantizar derechos establecidos por ley.

Un sistema judicial corrupto deja completamente vulnerable a los ciudadanos ante quienes fueron capaces de corromper el sistema. Instituciones sesgadas y discriminatorias suelen debilitar fuertemente los sistemas democráticos y aumentar la desigualdad, lo que –más temprano que tarde- tiene incidencia directa sobre los ciudadanos de un país.

En instituciones donde es inexistente o poco el acceso a la información pública se vuelve imposible que los dueños de los recursos públicos – los ciudadanos- puedan ejercer contraloría social sobre estas instituciones. Igualmente, en instituciones con pocos controles y alta discrecionalidad en la toma de decisiones, suele haber corrupción. Más allá, instituciones no inclusivas o discriminatorias suelen también ser mucho más propicias para la aparición de hechos de corrupción.

Luchando contra la corrupción

Lo primero que sugiere la organización de Naciones Unidas es enfocar las políticas anti-corrupción desde la perspectiva de que es un problema sistemático y no de los individuos. Bajo este enfoque, se hace necesario entender la corrupción como un problema estructural a las sociedades donde los distintos individuos responden a incentivos que los llevan a incurrir en el mal uso o robo de los recursos públicos.

Si la corrupción no es efectivamente penalizada y no suponen un riesgo alto para los perpetradores, seguirá estando presente en las instituciones públicas. Más allá de las leyes en contra la corrupción, los esfuerzos de las políticas anti-corrupción deben estar enfocados en garantizar un sistema efectivo de denuncias donde se proteja a los denunciantes, la promoción del acceso a la información pública y penalizaciones efectivas y ejemplares de aquellas personas que incurran en hechos de corrupción.

Si no existen incentivos suficientemente fuertes para evitar hechos de corrupción, seguirá existiendo. Es responsabilidad del propio Estado evitar que fallas en su funcionamiento terminen en más víctimas silentes de donaciones de sangre que nunca llegaron, condenas injustas, hospitales que nunca serán construidos o la impunidad de aquellos que cometen crímenes.

La corrupción niega el derecho a la alimentación

“Seamos claros. La corrupción mata. El dinero robado cada año a través de la corrupción es suficiente para alimentar a las personas hambrientas del mundo 80 veces. Casi 870 millones de personas van a dormir hambrientos cada noche, muchas de ellas niñas y niños; la corrupción les niega su derecho a la alimentación, y, en algunos casos, su derecho a la vida. Una aproximación desde los derechos humanos a las políticas anti-corrupción responde al llamado de los pueblos por un orden económico, político y social que lleve a cabo las promesas de “libertad del miedo y el deseo”.
Navi Pillay – Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La ONU ya se pronunció

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. Esta Convención establece en su artículo 5 que “cada Estado, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas”.

Santiago Rosas
Twitter: @santirosas

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