Logremos el desarme

Originalmente publicado para Correo del Orinoco para la Red De Apoyo de DDHH https://reddeapoyo.org.ve/logremos-el-desarme/

Uno de las características de las sociedades modernas es que, –en su mayoría- reconocen la igualdad en sus constituciones. El caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no es excepción y versa en su artículo 21 que: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona (…)”

En ocasiones, ¿existe igualdad entre las y los ciudadanos si algunos tienen armas y otros no? Definitivamente no. Por ello el Estado es el que ejerce la autoridad sobre la violencia y el monopolio de la violencia está sujeto a regulaciones y podría utilizar la violencia solo en el marco de lo previsto en la ley. También por eso, el porte de armas es tan restringido y debe ser otorgado con gran meticulosidad. La posesión de armas genera una enorme condición de desigualdad entre las y los ciudadanos y altera las dinámicas sociales de la comunidad. Existen jerarquías que nacen entre quienes tienen armas y quienes son sometidos por ellas, obediencia generada por el miedo y distanciamiento que co-existen en un mismo espacio físico.

Cuando el crimen organizado está presente en una comunidad, suele utilizar las armas como un mecanismo de disuasión a quien se le ocurra objetar sus prácticas en la comunidad. En otras palabras, es un mecanismo de control social. Un control social que no debería existir y que la constitución busca garantizar al afirmar que no se permitirán discriminaciones que atenten contra los derechos y libertades de toda persona. La presencia de crimen organizado es preocupante por múltiples factores, entre ellos porque supone que el monopolio de la violencia está roto y porque unas o unos ciudadanos controlan las conductas y actividades. Sin siquiera mencionar las implicaciones de seguridad ciudadana, civiles organizados y armados deben ser una preocupación primordial por como alteran la igualdad entre las y los ciudadanos y afectan el tejido social.

Cuando control social e ideología se juntan

El crimen organizado e incluso el hampa común generan control en la sociedad basado en sus intereses criminales y en garantizar su control territorial o de influencias. Sin embargo, existen otros grupos armados que pueden ser más peligrosos para el mantenimiento de la condición de igualdad entre las y los ciudadanos: grupos paramilitares, milicias o en general, grupos armados con ideologías políticas. Y no me refiero a igualdad en términos económicos o incluso en varios aspectos sociales, me refiero a igualdad en términos de libertad. Que ningún ciudadano o ciudadana pueda ser sometido o sometida por otra persona o grupo por lo que piensa, lo que dice, con quien se junta, a quien apoya o no.

Estos grupos ideológicos y armados ejercen un control social similar al del crimen organizado, sin embargo, con el agravante de que pueden tener un matiz político, religioso, racial o social. Este control social atenta directamente contra la igualdad entre ciudadanos y sobretodo con la capacidad de discernir, de ser diferentes. ¿Cómo se solucionan las diferencias cuando no se pueden discutir o conversar? ¿Cómo se logra un acuerdo entre personas que no están armadas y otras que si lo están? De alguna manera, si existen grupos criminales que adicionalmente discriminan o actúan de acuerdo a posiciones políticas, ideológicas, religiosas o raciales, el control social genera más desigualdad porque los criterios de discriminación segmentan a la sociedad y se pierde por completo la capacidad de dialogo o de participación ciudadana para lograr una convivencia pacífica. Igualmente, atentan contra la participación política de las y los ciudadanos, fundamental para cualquier sociedad que se quiera llamar democrática. Incluso, cuando una comunidad o sociedad llega al punto de ignorar las amenazas o control social, si el grupo armado que ejerce el control no propone una alternativa, lleva a represalias violentas que pueden traer pérdidas humanas y afincar todavía más las diferencias entre el grupo armado y la comunidad o sociedad sobre las que ejercen control.

A diferencia del crimen organizado, los grupos armados con motivaciones ideológicas, políticas, religiosas, entre otros, pueden buscar querer reemplazar a las formas convencionales de autoridad (el Estado) para imponer su visión a toda la sociedad. Es así como se siembran las semillas de una guerra civil. Independientemente si los grupos armados apoyan o no al gobierno que este ejerciendo el poder, debe ser política de Estado no permitir que cualquier grupo se arme, pero con especial énfasis en grupos con motivaciones religiosas, ideológicas o políticas ya que suponen una fractura en las bases democráticas de la sociedad.

Es normal que existan diferencias, pero son factores como la posesión de armas los que generan jerarquías entre las y los ciudadanos y desigualdades. Debe ser un foco de cualquier gobierno mantener el principio de igualdad, como pilar fundamental de la democracia. En caso de que no se pueda controlar, se termina con una sociedad donde unos –con armas- son más iguales que otros –sin armas-.

Es un deber no sólo constitucional sino moral que cualquier gobierno se enfoque en desarmar grupos armados con motivaciones políticas. Y el primer paso para ello debe ser que se haga de una manera imparcial, es decir, que se logre el desarme. El Estado debe reafirmar la condición de igualdad de todas y todos ante la ley, donde no existen ciudadanos de primera y de segunda, ciudadanos con más poder sólo por estar armados.

Artículo de Opinión de Santiago Rosas en Correo del Orinoco

Desuniversalizando el Derecho a la Vida

Originalmente publicado en Correo del Orinoco en Octubre 2016  http://www.correodelorinoco.gob.ve/desuniversalizando-derecho-a-vida-tematica/

El ser humano ha mostrado poder adaptarse con relativa facilidad a los retos ambientales, sociales y culturales de su entorno. De la costumbre se generan los hábitos y de ahí actitudes y actividades que, lentamente, van transformando nuestra cultura y la visión de nuestra sociedad de lo que está bien o no. Nuestra visión sobre la violencia y los derechos humanos también es cambiante y puede no ser igual en distintos momentos históricos, aun cuando hablemos de cambios que se dan en un par de años o meses.

Actualmente nos hemos “acostumbrado” a tolerar y aceptar situaciones o actitudes con las que no necesariamente estamos de acuerdo de manera individual. Leer la sección de sucesos de la prensa nacional es una competencia con la ficción: llena de crímenes o abusos cada vez mas atroces, menos humanos. Sin embargo, la sorpresa es el único sentimiento permanente, llevando la indignación al olvido. Mientras mas inseguridad hay, menor es la preocupación por los derechos y las garantías fundamentales de los presuntos criminales. Se vuelve común escuchar propuestas de “ajusticiamiento” o “linchamientos” como alternativa a las fallas del sistema judicial que no logra mantener a los criminales fuera de las calles.

UN DERECHO HUMANO Y UNIVERSAL

Es difícil argumentar un derecho mas importante que el propio derecho a la vida. Sin embargo, vemos que, como sociedad, se nos desvía la moral; relativizamos los casos y terminamos aceptando que el derecho a la vida aplica siempre y cuando no se trate de un criminal.

No obstante, el principio de los derechos humanos es que son universales y en el momento que dejan de serlo, nuestra sociedad falla y representa un retroceso en lo mas básico de un Estado de Derecho: igualdad ante la ley. Por tanto, resulta imperativo reflexionar sobre lo que aceptamos como justicia y sobre lo que consideramos correcto, aun en situaciones extremas, como las actuales.

Es justo en momentos de desesperanza y dolor, como los que estamos pasando, que resulta mas importante que, como sociedad, nos resistamos a la deshumanización racional consecuencia de nuestro entorno. La justicia no debe ser “a toda costa” ni fuera de cualquier parámetro legal, pues de ser así dejaría de ser justicia y abriría la puerta al revanchismo y la anarquía.

Un ajusticiamiento o linchamiento no es mas que una categorización del homicidio. La racionalización del homicidio como mecanismo de justicia, puede llevar a acciones que lamentaremos posteriormente como sociedad, y puede dejar profundas marcas que traigan a su vez mas impunidad, división y violencia.

Colombia todavía atraviesa las profundas heridas que ha dejado la guerrilla a su paso pero también de la respuesta que ha dado la sociedad a través del Estado, muchas veces marcada por los excesos. En Venezuela, las heridas son cada vez mas profundas y la muerte de criminales por lo que se puede presumir como ajusticiamiento se nos ha vuelto tan normal como el béisbol en octubre.

A pesar de ello, debemos tener en cuenta que existen umbrales que una vez se cruzan son difíciles de corregir y a un gran costo que muchas veces tarda generaciones en sanar.

¿A DÓNDE IREMOS A PARAR?

De seguir la situación así, nos comportaremos como lo haría cualquier otra en nuestra situación: nos adaptaremos. Poco a poco lo hemos hecho ante la violencia. Pero pronto ya no será a los niveles de violencia sino a su solución fuera de la ley con linchamientos, ajusticiamientos, exterminación entre bandas a la orden del día.

¿Cuánto tiempo nos tomará cambiar venganza por justicia? ¿Se adaptarán nuestras instituciones a la ley o perderán la fe en la legalidad como canal para la justicia? ¿Cuántas torturas se permitirán? ¿Cuándo volverá nuestra indignación ante los crímenes que quedan impunes? ¿Cuándo pararán los enfrentamientos y ajustes de cuentas?

Nuestro llamado ante las instituciones de justicia debe ser ya un grito desesperado para no perder nuestra humanidad como sociedad. Es deber individual no desuniversalizar nuestra concepción del derecho a la vida y defenderlo firmemente.

Es deber del colectivo recordar la obligación constitucional y el imperativo moral del Estado de proveer a la sociedad de un sistema de justicia imparcial, eficaz y apegado a nuestro pacto social. Solo con justicia nos podremos volver a re-adaptar y combatir la violencia desmedida. El llamado es a que los homicidios diarios, la venganza y ajusticiamiento se conviertan en ampliamente reprochables y una anomalía en el acontecer nacional.

T/ Santiago Rosas
F/Edgar Vargas

Pedagogía Ciudadana desde el gobierno local

Originalmente publicado en Septiembre 2014 en Diario La Voz http://www.diariolavoz.net/2014/10/19/pedagogia-ciudadana-desde-el-gobierno-local/ 

Cuando personalidades buscan imponer su voluntad por encima de las reglas o en detrimento de otras instituciones, son los ciudadanos quienes más sufren de estas arbitrariedades

Mientras que desde el Estado usamos el argumento de que “el desconocimiento de la Ley no te exime de su cumplimiento” pareciera, en ocasiones, que el desconocimiento de la ciudadanía de sus derechos sí exime al Estado de satisfacerlos. Muchísimas veces más allá de la negligencia o incapacidad del Estado en garantizar derechos humanos básicos, es la ignorancia de los ciudadanos en materia derechos humanos el habilitador y agravante de abusos e incumplimientos del Estado.
Con frecuencia es políticamente más conveniente no hacer esfuerzos proactivos desde el Estado para velar por la garantía de derechos humanos básicos que hacerlo. Ciudadanos empoderados, participativos y conscientes de sus derechos son ciudadanos mucho más exigentes y vigilantes de las acciones del Estado y garantes del respeto a la libertad y a sus derechos.
Ahora bien, sociedades con poco conocimiento de sus derechos son poco propicias a defenderlos al momento de verlos amenazados. Los ciudadanos deben sentir los derechos como propios para poder oponerse ante los atropellos del Estado y también exigir su cumplimiento; algo especialmente importante en el caso de los derechos económicos, culturales y sociales.
Son entonces el conocimiento de los derechos y su sentido de pertinencia dos aspectos fundamentales para una sociedad donde se tenga libertad frente al Estado (es decir, un Estado que respete los derechos) y a través del Estado (un Estado que vele por el cumplimiento de derechos humanos, especialmente sociales y  económicos). Sobra la evidencia empírica que respalda que sociedades con mayores libertades y respeto a los derechos humanos, son sociedades con mayores probabilidades de alcanzar el desarrollo. Pero… ¿cuál es el rol del Estado en todo este tema? ¿Quién debe asumir el reto de hacer del conocimiento público los derechos y de contribuir a que los ciudadanos se apropien de sus derechos?

Impulsando la pedagogía ciudadana
Es tarea de todo Estado que busque consolidar instituciones creíbles y sólidas, el empoderamiento de sus ciudadanos, de manera tal que se conviertan ellos mismos en los primeros defensores ante arbitrariedades y que también sean quienes juzguen a los políticos en el cumplimiento de sus promesas y políticas orientadas al desarrollo. Por ello, las políticas de pedagogía ciudadana enfocadas en el empoderamiento de los ciudadanos y en derechos humanos, deberían ser una tarea primordialmente del gobierno central, por su mayor capacidad y alcance nacional. Sin embargo, de no existir estas iniciativas o ser escasas por parte del gobierno nacional, es un deber moral de los gobiernos municipales con sus ciudadanos generar políticas de pedagogía ciudadana, especialmente cuando se enfocan en derechos que deberían ser del conocimiento de cada uno de los vecinos de un municipio.
Aun cuando ciudadanos más conscientes de sus derechos impliquen evaluaciones de gestión más severas y exigencias crecientes para los gobiernos locales y nacionales, una sociedad conocedora de sus derechos ayuda a garantizar que el propio Estado cumpla con un mínimo de condiciones necesarias para el desarrollo sostenible, independientemente de la ideología. Pudiese incluso parecer contra intuitivo para el Estado buscar ciudadanos más formados, con mayores exigencias, que puedan poner en riesgo la gobernabilidad y que impliquen mayores esfuerzos para garantizar la estabilidad en el poder. Es por ello justamente la importancia de contar con políticos y funcionarios con visiones de institucionalidad más que de populismo electoral y de una sociedad que exija ser empoderada y respetada. Son aquellos políticos que buscan el bienestar de sus ciudadanos por encima de su permanencia en el poder, quienes impulsarán este tipo de políticas de “pedagogía ciudadana”. ¿Qué gobierno busca proactivamente que sus ciudadanos lo evalúen de manera más aguda y con mayores exigencias?
Considero vital para los gobiernos locales que en contextos de poco conocimiento sobre los derechos de los ciudadanos y de esfuerzos nacientes de empoderamiento (no clientelismo o simples transferencias de recursos) terceros actores apoyen al estado en su esfuerzo. De nada sirve que un gobierno local impulse políticas de pedagogía ciudadana enfocadas en el empoderamiento ciudadano y la divulgación de los derechos y canales de cómo exigirlos si no vienen respaldados por otras organizaciones y por los propios vecinos conscientes de la importancia de este tema para la garantía de sociedades más libres, inclusivas y con mayores probabilidades de desarrollarse. La educación en derechos humanos siempre debe ser una tarea conjunta entre el Estado y sus ciudadanos.

Derechos como garantes
de institucionalidad

Cuando personalidades buscan imponer su voluntad por encima de las reglas o en detrimento de otras instituciones, son los ciudadanos quienes más sufren de estas arbitrariedades. Instituciones sólidas, con capacidad de mantener a los políticos dentro de unas reglas establecidas como sociedad (léase Constitución) son pre-requisito indispensable para una sociedad libre y de progreso sostenido.
Muchas veces y especialmente en Latinoamérica, los políticos buscan perpetuarse en el poder o beneficiarse a sí mismo o a grupos de interés a cuenta del resto de la población. Una población que en muchos casos eligió a esos mismos políticos. Esto ocurre y seguirá ocurriendo siempre y cuando las instituciones reguladoras no cuenten con un apoyo político por parte de los partidos políticos y la sociedad civil a la hora de frenar arbitrariedades o abusos de poder; parte de este apoyo o defensa de las instituciones está fundamentado en el conocimiento de los derechos, las leyes y las consecuencias de violentarlas,  por lo que es la pedagogía ciudadana fundamental para la institucionalidad

La Voz de los Derechos Humanos
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Santiago Rosas
Twitter: @santirosas
e-mail: rosas.santiago@gmail.com

Las victimas silentes de la corrupción

Originalmente publicado Agosto 2014 http://www.diariolavoz.net/2014/08/24/las-victimas-silentes-de-la-corrupcion/ 

Insuficiencias o deficiencias en el servicio de salud pueden también tener su raíz en la corrupción. Cada vez que dinero público se desvía de su asignación original, las consecuencias son pagadas por los ciudadanos

Un joven de 15 años muere en la sala de un hospital latinoamericano por falta de donantes de sangre. Horas antes un apagón dejo sin refrigeración la sangre disponible en el banco de sangre más grande y cercano de la ciudad. Las plantas eléctricas del banco de sangre que debieron activarse no eran las adecuadas, no eran las contratadas. La falla eléctrica se originó por falta de mantenimiento en el circuito eléctrico. Un mantenimiento multimillonario que jamás fue ejecutado. Este joven es tan sólo una de las tantas víctimas silentes de la corrupción.

Más allá de ser un impuesto oculto a la sociedad y una asignación ineficiente de los recursos públicos; la corrupción es uno de los obstáculos más fuertes que afrontan las sociedades para la garantía y pleno goce de los derechos humanos. La corrupción compromete la capacidad del Estado de sostener políticas públicas en áreas tan sensibles como lo pueden ser salud o educación, fundamentales para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. En muchas ocasiones, el alcance que puede tener el Estado en materia educativa para garantizar cobertura total para primaria y secundaria, se queda trabado en el bolsillo de algún burócrata o en un proyecto financiado pero jamás ejecutado.

Insuficiencias o deficiencias en el servicio de salud pueden también tener su raíz en la corrupción. Cada vez que dinero público se desvía de su asignación original, las consecuencias son pagadas por los ciudadanos. Por lo general, los ciudadanos más afectados por la corrupción son los más dependientes por los servicios y políticas que presta el Estado. Es decir, aquellos ciudadanos con medios económicos insuficientes como para costear servicios de salud y educación privados, por ejemplo.

Lo mencionado hasta ahora, sólo muestra un claro vínculo entre la corrupción y el cumplimiento de derechos humanos como el derecho a la educación o al desarrollo. Sin embargo, la corrupción tiene implicaciones severas para los derechos humanos cuando afectan al sistema judicial de un país. Entre las consecuencias podemos encontrar discriminación en el acceso a la justicia, rotura de la presunción de inocencia, desigualdad ante la justicia, violación de la propiedad privada, entre otros. Un sistema judicial corrupto debilita severamente la confianza de los ciudadanos en el Estado y sobretodo en su capacidad de garantizar derechos establecidos por ley.

Un sistema judicial corrupto deja completamente vulnerable a los ciudadanos ante quienes fueron capaces de corromper el sistema. Instituciones sesgadas y discriminatorias suelen debilitar fuertemente los sistemas democráticos y aumentar la desigualdad, lo que –más temprano que tarde- tiene incidencia directa sobre los ciudadanos de un país.

En instituciones donde es inexistente o poco el acceso a la información pública se vuelve imposible que los dueños de los recursos públicos – los ciudadanos- puedan ejercer contraloría social sobre estas instituciones. Igualmente, en instituciones con pocos controles y alta discrecionalidad en la toma de decisiones, suele haber corrupción. Más allá, instituciones no inclusivas o discriminatorias suelen también ser mucho más propicias para la aparición de hechos de corrupción.

Luchando contra la corrupción

Lo primero que sugiere la organización de Naciones Unidas es enfocar las políticas anti-corrupción desde la perspectiva de que es un problema sistemático y no de los individuos. Bajo este enfoque, se hace necesario entender la corrupción como un problema estructural a las sociedades donde los distintos individuos responden a incentivos que los llevan a incurrir en el mal uso o robo de los recursos públicos.

Si la corrupción no es efectivamente penalizada y no suponen un riesgo alto para los perpetradores, seguirá estando presente en las instituciones públicas. Más allá de las leyes en contra la corrupción, los esfuerzos de las políticas anti-corrupción deben estar enfocados en garantizar un sistema efectivo de denuncias donde se proteja a los denunciantes, la promoción del acceso a la información pública y penalizaciones efectivas y ejemplares de aquellas personas que incurran en hechos de corrupción.

Si no existen incentivos suficientemente fuertes para evitar hechos de corrupción, seguirá existiendo. Es responsabilidad del propio Estado evitar que fallas en su funcionamiento terminen en más víctimas silentes de donaciones de sangre que nunca llegaron, condenas injustas, hospitales que nunca serán construidos o la impunidad de aquellos que cometen crímenes.

La corrupción niega el derecho a la alimentación

“Seamos claros. La corrupción mata. El dinero robado cada año a través de la corrupción es suficiente para alimentar a las personas hambrientas del mundo 80 veces. Casi 870 millones de personas van a dormir hambrientos cada noche, muchas de ellas niñas y niños; la corrupción les niega su derecho a la alimentación, y, en algunos casos, su derecho a la vida. Una aproximación desde los derechos humanos a las políticas anti-corrupción responde al llamado de los pueblos por un orden económico, político y social que lleve a cabo las promesas de “libertad del miedo y el deseo”.
Navi Pillay – Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La ONU ya se pronunció

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. Esta Convención establece en su artículo 5 que “cada Estado, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas”.

Santiago Rosas
Twitter: @santirosas

Libertad para el derecho y derecho a la libertad

Originalmente publicado Junio 2014 http://www.diariolavoz.net/2014/06/08/libertad-para-el-derecho-y-derecho-la-libertad/

** Aunque la libertad y los derechos humanos estén íntimamente ligados, pareciera no ser una concepción presente en las sociedades latinoamericanas donde la superación de la pobreza es sin duda el reto y deuda pendiente pero donde la libertad no es comprendida como instrumento para superarla ni tampoco es vista como un fin deseable como sociedad

Santiago Rosas

“Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;”(Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de la ONU)
Los Derechos Humanos, como bien muestra el fragmento del preámbulo expuesto, son una clara muestra de algo que –aunque evidente- muchas veces se ignora en la literatura, los discursos y las exposiciones políticas y sociales: no se pueden garantizar los derechos humanos si no se puede garantizar antes la libertad para ejercerlos. Sin embargo, pareciera que la consecución de mayores libertades tanto como medio como fin han sido olvidados del discurso político, aun cuando existe cada vez mayor conciencia sobre los Derechos Humanos y presión para que se respeten.
Expone el ganador del premio Nobel, Amartya Sen, que el desarrollo puede ser entendido como la superación de todos aquellos obstáculos que limiten el pleno ejercicio de la libertad individual. Esta visión es compatible con la establecida en la declaración de derechos humanos pues en cuanto los individuos puedan participar libre y activamente dentro de la sociedad podrán liberarse, por ejemplo, de la miseria, una de las formas más crueles de privaciones del ejercicio pleno de la libertad individual. Es el propio Sen quien trabaja la idea de que el desarrollo de los individuos se alcanza con la mezcla entre capacidades y oportunidades.

Derechos y libertades
Los derechos humanos justamente velan por que las personas desarrollen sus capacidades y aprovechen las oportunidades. Recordemos que a través de artículos como el 26 de la declaración de los derechos humanos, que prevé el acceso a la educación, la cual (…) “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”  se busca garantizar el desarrollo de capacidades –aunque sean básicas- de todo ser humano. Los derechos humanos también velan porque estas capacidades puedan ser universales, sin que estén sujetas a discriminaciones por raza, opiniones o religión, es decir, que haya libertad tanto en el acceso como en el ejercicio. De nada sirve contar con capacidades si no se pueden ejercer debido a discriminaciones por creencias, razas u opiniones. Una sociedad que discrimina automáticamente excluye, y por lo tanto, restringe oportunidades y con ellas, el desarrollo.
Hay derechos que protegen la libertad de asociación, la propiedad privada, el acceso al trabajo libre (y con ello contra la esclavitud o trabajo forzoso) , la libertad de expresión y la no-discriminación que –directa o indirectamente- terminan garantizando un ambiente propicio para el florecimiento de las oportunidades en cuanto los individuos pueden interactuar libremente entre sí y ejercer sus libertades individuales para velar por su bienestar sin importar sus creencias u opiniones políticas. En la medida que existan individuos que hayan desarrollado capacidades, siempre y cuando exista una sociedad libre en donde se respeten las libertades fundamentales y los derechos humanos, existirán las oportunidades para hacer uso pleno de las capacidades. Una sociedad libre no implica únicamente una sociedad sin discriminación y con libertad de expresión, implica una sociedad que se pueda desarrollar, una sociedad liberada de la miseria.

Desarrollo, derechos
humanos y libertad

Aunque la libertad y los derechos humanos estén íntimamente ligados, pareciera no ser una concepción presente en las sociedades latinoamericanas donde la superación de la pobreza es sin duda el reto y deuda pendiente pero donde la libertad no es comprendida como instrumento para superarla ni tampoco es vista como un fin deseable como sociedad. La ampliación de las libertades individuales es un fin y un medio en sí mismo, por lo que es deseable para cualquier sociedad que sea una concepción generalizada y tenga el protagonismo que se merece en las discusiones políticas, sociales y académicas. Para ello, la declaración de los derechos humanos, su respeto y promoción son una guía fundamental para alcanzar una sociedad libre y desarrollada pues aunque pueda existir crecimiento económico por períodos prolongados de tiempo, el desarrollo sostenible de una sociedad solo es posible si se da en libertad y en pleno respeto a los derechos humanos.
Los derechos humanos, así como las libertades, deben ser comprendidos no solamente como un fin a alcanzar sino como un medio que permitan la garantía y consecución de mayores derechos y libertades, y con ello, del desarrollo. Como sociedad tenemos claro nuestro objetivo y deuda, este artículo propone el respeto y garantía a las libertades individuales y los derechos humanos como una vía para alcanzar ese objetivo y saldar la gran deuda pendiente del continente.

XXXXXXXXXXRECUADRO

“Hay que garantizar el
respeto de todos los
derechos humanos”

“Debemos comprender el papel de los derechos humanos como factor que potencia el papel de las personas y las comunidades”, ha dicho la Sra. Mary Robinson, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Protegiendo esos derechos, podemos contribuir a evitar muchos conflictos que tienen su origen en la pobreza, la discriminación y la exclusión que siguen asediando a la humanidad y destruyen los esfuerzos de desarrollo que se han realizado en los últimos decenios. Hay que romper el círculo vicioso de violaciones de los derechos humanos que provocan conflictos, que a su vez conducen a más violaciones. Considero que la única forma de lograrlo es garantizando el respeto de todos los derechos humanos.”

http://www.un.org/es/documents/udhr/
https://www.nytimes.com/books/first/s/sen-development.html

La voz de los derechos humanos
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

El derecho a manifestar es mecanismo de diálogo

Originalmente publicado en: http://wwwhttp://www.diariolavoz.net/2015/04/05/el-derecho-a-manifestar-es-mecanismo-de-dialogo/.diariolavoz.net/2015/04/05/el-derecho-a-manifestar-es-mecanismo-de-dialogo/

Expresarse libremente es un derecho humano y manifestar pacíficamente no es ni será un delito. En el momento que ejercer nuestros derechos conlleve a riesgos de represión o discriminación por parte del Estado, entonces es aún más importante seguir denunciando ante las instancias gubernamentales correspondientes

 

 

Santiago Rosas

 

 

Discutimos con la familia, discutimos con la pareja, discutimos con nuestros profesores. Lo hacemos de manera abierta, normalmente respetuosa y sin miedo. Es parte de la dinámica de nuestras vidas o de cualquier sociedad, no estar siempre de acuerdo y así manifestarlo. El respeto y la tolerancia en contextos democráticos son una condición para el desarrollo tanto personal como social. Sin tolerancia no hay democracia y sin democracia no hay desarrollo; puede haber crecimiento económico pero jamás desarrollo sostenido.

El Estado ante

las manifestaciones

 

Tanto por su carácter de promotor de desarrollo como por ser quien ostenta el monopolio de la fuerza, el Estado debe ser necesariamente tolerante ante personas o grupos que opinen distinto.  Un Estado que no toleré manifestaciones, tanto en su contra como contra otras instituciones o personas y que decida reprimir, amedrentar o ilegalizarlas está condenando el desarrollo del país.

La posición ideal del Estado ante el derecho a manifestar y la libertad de expresión debería basarse en una antigua y conocida frase de Voltaire: “No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. No hay nada que fortalezca más una democracia que una oposición fuerte, aunque a quienes estén en el poder no les guste. No importa si son manifestaciones por reivindicaciones estudiantiles, laborales, los derechos de los homosexuales o contra la tala de árboles: manifestar es un derecho y un mecanismo a través del que la sociedad –y especialmente sus minorías- puedan hacerse sentir y ser escuchados por quienes tienen en sus manos el poder de tomar decisiones que afecten el entorno. Si bien las protestas pueden realizarse ante distintas personas o instituciones, cuando son hacia el Estado, el derecho a manifestar es donde debería estar más garantizado. Se nos olvida que somos los ciudadanos los jefes del Estado, y no al revés.

Los Estados cuando son totalitarios, silencian a quienes le adversan o quienes hablan libremente de lo que creen que está mal. Por eso, está la constitución y los derechos humanos; para proteger a las y los ciudadanos del Estado. Cuando esto falla empiezan a aparecer los presos políticos, la censura, la autocensura y sobre todo el miedo. Un miedo lógico y natural. ¿Cómo no tener miedo de adversar o criticar a una institución que puede quitarte tu libertad o tu vida sin contrapesos que lo limiten? Un Estado que limite la libertad de expresión y el derecho a manifestar es porque quienes lo regulan, lo permiten y porque tienen miedo de perder la posición de poder que ostentan.

Las manifestaciones deberían llevar siempre al diálogo y al encuentro, del cual se aclaren las diferencias y se logren soluciones –siempre que sea posible- en donde ambas partes puedan salir ganando. Ni los totalitarismos ni las dictaduras les gusta debatir, por lo que tampoco les gustan las manifestaciones. En muchas ocasiones es más fácil reprimir o utilizar la fuerza que utilizar la razón. Con armas de por medio entre dos partes no hay condiciones de dialogo sino de imposición de la armada sobre la indefensa.

 

Mecanismo de desarrollo

y participación

 

Si bien las motivaciones para manifestar pueden ser diversas, todas buscan algo en común: ser escuchadas para cambiar una determinada situación o una respuesta oportuna. Las manifestaciones  deben llevar al diálogo y el debate entre quienes protestan y ante quienes se protestan (instituciones). Manifestar es una manera de que las y  los ciudadanos participen activamente en la sociedad y está garantizado en nuestra constitución (art.68). Limitar el derecho a manifestar es delimitar también la participación ciudadana, un elemento clave para lograr el desarrollo de cualquier sociedad. Si se establecen barreras para realizar las manifestaciones pacíficas también se está discriminando a quienes manifiestan.

El verdadero riesgo:

la autocensura

 

El ser humano ha demostrado poder adaptarse y acostumbrarse a cualquier situación. Esto, aunque generalmente es positivo tiene sus excepciones cuando se trata de situaciones en donde existan violaciones de derechos humanos. Uno de las peores consecuencias del uso abusivo de la fuerza para torturar, reprimir manifestaciones o usar la violencia discriminatoriamente es que genera miedo en la sociedad. Un miedo que lleva a la autocensura y a que las y los ciudadanos se limiten de ejercer sus derechos. La autocensura es una situación a la que no se debe acostumbrar sociedad alguna.

Expresarse libremente es un derecho humano y manifestar pacíficamente no es ni será un delito. En el momento que ejercer nuestros derechos conlleve a riesgos de represión o discriminación por parte del Estado, entonces es aún más importante seguir denunciando ante las instancias gubernamentales correspondientes. Quien calla otorga y autocensurarse o limitarse en el ejercicio de nuestros propios derechos fortalece a aquel organismo ya que ve logrado su objetivo de mantenerse en el ejercicio de su poder en un monólogo, sin espacio para el diálogo ni la crítica.

 

 

Lo que dice la Constitución

 

*** Artículo 68: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”

Artículo 19. Derecho a la libertad de expresión Declaración Universal de Derechos Humanos:

“todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La voz de los Derechos Humanos

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Control Político: Ahora en neustras manos

Original: http://www.diariolavoz.net/2015/05/03/control-politico-ahora-en-nuestras-manos/

Si somos nosotros quienes a través del voto decidimos quien está y quien no en el poder, entonces tenemos poder sobre los políticos y sus decisiones y podemos, en cierta medida, influenciar sus conductas y asegurarnos de que cumplan con los DDHH y también los promuevan

¿Cómo controlar a quienes están en el poder? ¿Cómo asegurarse que cumplan con los Derechos Humanos (DDHH)? En la teoría, las leyes y los distintos poderes del Estado hacen contrapesos y se regulan entre sí. ¿Y si en la práctica no funciona?  En este caso, siempre y cuando se tengan elecciones, los ciudadanos  -organizados-  tenemos un poder del cual pocas veces nos damos cuenta.

Si somos nosotros quienes a través del voto decidimos quien está y quien no en el poder, entonces tenemos poder sobre los políticos y sus decisiones y podemos, en cierta medida, influenciar sus conductas y asegurarnos de que cumplan con los DDHH y también los promuevan. ¿Cómo se logra? Esta parte es quizá la más complicada ya que ningún ciudadano –normalmente- puede generar suficiente presión política por sí mismo como para representar una amenaza para la estancia en el poder, de los políticos. Por ello se requiere articulación efectiva entre los ciudadanos. En el pasado, articular a los ciudadanos alrededor de una causa y que tuviese la suficiente fuerza como para lograr sus objetivos solía implicar gran tiempo, dinero y esfuerzo que. Sin embargo, es una de las cosas que con las nuevas tecnologías de información han cambiado significativamente.

Misma voz, nuevos canales

Tanto para las víctimas de violaciones a los DDHH como para activistas y la ciudadanía en general, las nuevas tecnologías han revolucionado la manera en que nos comunicamos y articulamos. Pensemos por un momento en situaciones donde funcionarios del estado -o actuando en su nombre- impiden el desarrollo de elecciones de manera libre, realizan despidos por motivos políticos u obligan a funcionarios a participar en actividades políticas. Hace unos años podía llegar a ser muy complicado realizar estas denuncias ante los medios de comunicación de manera rápida, con evidencia en multimedia (algo que aumenta significativamente su impacto) e incluso pasar por el filtro de los medios.

Ahora la situación es completamente distinta y a través de plataformas tecnológicas las victimas pueden hacer públicas sus denuncias y sostenerlas con evidencia que las respalde. Las barreras para comunicarse han bajado y los ciudadanos tienen muchos más canales de comunicación a través de los cuales enterarse e incluso interactuar con las víctimas de las violaciones de DDHH. El poder sobre la información se ha diluido y hace que los políticos estén mucho más expuestos a la opinión pública y que no los salve siquiera la complicidad con los medios.

Sin embargo, la información por sí sola no se transforma en un mecanismo efectivo de presión y control sobre los políticos sino lo que hagamos los ciudadanos al respecto lo que puede generar cambios significativos.  A los políticos les interesa mantener una buena imagen con su electorado y siempre que exista ciudadanía que pueda condenar y utilizar tanto los medios tradicionales de protesta (marchas, escritos, etc.) como las nuevas tecnologías (redes sociales, blogs, etc.) para exigirles a sus políticos que rectifiquen, estos lo harán.

Como sociedad debemos aprovechar las nuevas tecnologías, para informarnos y comunicarnos que tenemos a la mano; y participar de manera activa en la denuncia de violaciones de derechos humanos, difusión de la información, debate público y también de exigirle a nuestra clase política rectificación cuando sea necesaria para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos.

Complemento de los

partidos, no sustitución

La participación ciudadana si bien es basada en exigencias ciudadanas, muchas veces debe canalizarse por canales institucionales y políticos; como ciudadanos no debemos tener miedo o mirar con menosprecio estos canales, algo que hemos realizado en ocasiones. Es importante conocer que a pesar de las diferencias con partidos políticos tanto en posiciones de poder como aspirando al poder, son una base fundamental en cualquier democracia y que el debilitamiento de las democracias y los partidos siempre llevara a estilos autoritarios y/o represivos.

La propia Constitución venezolana prevé mecanismos de participación para la aprobación de las leyes, mecanismo que hemos utilizado poco y que pudiese generar cambios importantes, lo mismo que la contraloría social.

El reto venezolano

¿Cómo se logra garantizar el acceso a la educación y a la salud si no reciben suficientes fondos para hacerlo? A través de la participación de los ciudadanos y el debate público se pueden lograr cambios, de manera tal que mejoren las probabilidades de que los propios organismos del estado puedan garantizar mejor el acceso a educación y salud.

Si la sociedad civil tiene entre sus prioridades el respeto a los DDHH, puede generar suficiente presión sobre los políticos para que previo a cualquier elección se firme un acuerdo entre los candidatos para promover y hacer cumplir los DDHH desde el ámbito de sus competencias. En Venezuela se han logrado acuerdos públicos con anterioridad como lo fue entre los candidatos de Acción Democrática y COPEI en torno a la reforma del Estado, ¿por qué no se pudiese lograr un acuerdo que promueva y haga respetar los DDHH de esta manera?

Lo que dice la Constitución

**** Art. 62: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

**** Art. 70: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros…”

Santiago Rosas

Twitter: @santirosas

La voz de los Derechos Humanos

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz