Libertad para el derecho y derecho a la libertad

Originalmente publicado Junio 2014 http://www.diariolavoz.net/2014/06/08/libertad-para-el-derecho-y-derecho-la-libertad/

** Aunque la libertad y los derechos humanos estén íntimamente ligados, pareciera no ser una concepción presente en las sociedades latinoamericanas donde la superación de la pobreza es sin duda el reto y deuda pendiente pero donde la libertad no es comprendida como instrumento para superarla ni tampoco es vista como un fin deseable como sociedad

Santiago Rosas

“Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;”(Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de la ONU)
Los Derechos Humanos, como bien muestra el fragmento del preámbulo expuesto, son una clara muestra de algo que –aunque evidente- muchas veces se ignora en la literatura, los discursos y las exposiciones políticas y sociales: no se pueden garantizar los derechos humanos si no se puede garantizar antes la libertad para ejercerlos. Sin embargo, pareciera que la consecución de mayores libertades tanto como medio como fin han sido olvidados del discurso político, aun cuando existe cada vez mayor conciencia sobre los Derechos Humanos y presión para que se respeten.
Expone el ganador del premio Nobel, Amartya Sen, que el desarrollo puede ser entendido como la superación de todos aquellos obstáculos que limiten el pleno ejercicio de la libertad individual. Esta visión es compatible con la establecida en la declaración de derechos humanos pues en cuanto los individuos puedan participar libre y activamente dentro de la sociedad podrán liberarse, por ejemplo, de la miseria, una de las formas más crueles de privaciones del ejercicio pleno de la libertad individual. Es el propio Sen quien trabaja la idea de que el desarrollo de los individuos se alcanza con la mezcla entre capacidades y oportunidades.

Derechos y libertades
Los derechos humanos justamente velan por que las personas desarrollen sus capacidades y aprovechen las oportunidades. Recordemos que a través de artículos como el 26 de la declaración de los derechos humanos, que prevé el acceso a la educación, la cual (…) “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”  se busca garantizar el desarrollo de capacidades –aunque sean básicas- de todo ser humano. Los derechos humanos también velan porque estas capacidades puedan ser universales, sin que estén sujetas a discriminaciones por raza, opiniones o religión, es decir, que haya libertad tanto en el acceso como en el ejercicio. De nada sirve contar con capacidades si no se pueden ejercer debido a discriminaciones por creencias, razas u opiniones. Una sociedad que discrimina automáticamente excluye, y por lo tanto, restringe oportunidades y con ellas, el desarrollo.
Hay derechos que protegen la libertad de asociación, la propiedad privada, el acceso al trabajo libre (y con ello contra la esclavitud o trabajo forzoso) , la libertad de expresión y la no-discriminación que –directa o indirectamente- terminan garantizando un ambiente propicio para el florecimiento de las oportunidades en cuanto los individuos pueden interactuar libremente entre sí y ejercer sus libertades individuales para velar por su bienestar sin importar sus creencias u opiniones políticas. En la medida que existan individuos que hayan desarrollado capacidades, siempre y cuando exista una sociedad libre en donde se respeten las libertades fundamentales y los derechos humanos, existirán las oportunidades para hacer uso pleno de las capacidades. Una sociedad libre no implica únicamente una sociedad sin discriminación y con libertad de expresión, implica una sociedad que se pueda desarrollar, una sociedad liberada de la miseria.

Desarrollo, derechos
humanos y libertad

Aunque la libertad y los derechos humanos estén íntimamente ligados, pareciera no ser una concepción presente en las sociedades latinoamericanas donde la superación de la pobreza es sin duda el reto y deuda pendiente pero donde la libertad no es comprendida como instrumento para superarla ni tampoco es vista como un fin deseable como sociedad. La ampliación de las libertades individuales es un fin y un medio en sí mismo, por lo que es deseable para cualquier sociedad que sea una concepción generalizada y tenga el protagonismo que se merece en las discusiones políticas, sociales y académicas. Para ello, la declaración de los derechos humanos, su respeto y promoción son una guía fundamental para alcanzar una sociedad libre y desarrollada pues aunque pueda existir crecimiento económico por períodos prolongados de tiempo, el desarrollo sostenible de una sociedad solo es posible si se da en libertad y en pleno respeto a los derechos humanos.
Los derechos humanos, así como las libertades, deben ser comprendidos no solamente como un fin a alcanzar sino como un medio que permitan la garantía y consecución de mayores derechos y libertades, y con ello, del desarrollo. Como sociedad tenemos claro nuestro objetivo y deuda, este artículo propone el respeto y garantía a las libertades individuales y los derechos humanos como una vía para alcanzar ese objetivo y saldar la gran deuda pendiente del continente.

XXXXXXXXXXRECUADRO

“Hay que garantizar el
respeto de todos los
derechos humanos”

“Debemos comprender el papel de los derechos humanos como factor que potencia el papel de las personas y las comunidades”, ha dicho la Sra. Mary Robinson, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Protegiendo esos derechos, podemos contribuir a evitar muchos conflictos que tienen su origen en la pobreza, la discriminación y la exclusión que siguen asediando a la humanidad y destruyen los esfuerzos de desarrollo que se han realizado en los últimos decenios. Hay que romper el círculo vicioso de violaciones de los derechos humanos que provocan conflictos, que a su vez conducen a más violaciones. Considero que la única forma de lograrlo es garantizando el respeto de todos los derechos humanos.”

http://www.un.org/es/documents/udhr/
https://www.nytimes.com/books/first/s/sen-development.html

La voz de los derechos humanos
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

El derecho a manifestar es mecanismo de diálogo

Originalmente publicado en: http://wwwhttp://www.diariolavoz.net/2015/04/05/el-derecho-a-manifestar-es-mecanismo-de-dialogo/.diariolavoz.net/2015/04/05/el-derecho-a-manifestar-es-mecanismo-de-dialogo/

Expresarse libremente es un derecho humano y manifestar pacíficamente no es ni será un delito. En el momento que ejercer nuestros derechos conlleve a riesgos de represión o discriminación por parte del Estado, entonces es aún más importante seguir denunciando ante las instancias gubernamentales correspondientes

 

 

Santiago Rosas

 

 

Discutimos con la familia, discutimos con la pareja, discutimos con nuestros profesores. Lo hacemos de manera abierta, normalmente respetuosa y sin miedo. Es parte de la dinámica de nuestras vidas o de cualquier sociedad, no estar siempre de acuerdo y así manifestarlo. El respeto y la tolerancia en contextos democráticos son una condición para el desarrollo tanto personal como social. Sin tolerancia no hay democracia y sin democracia no hay desarrollo; puede haber crecimiento económico pero jamás desarrollo sostenido.

El Estado ante

las manifestaciones

 

Tanto por su carácter de promotor de desarrollo como por ser quien ostenta el monopolio de la fuerza, el Estado debe ser necesariamente tolerante ante personas o grupos que opinen distinto.  Un Estado que no toleré manifestaciones, tanto en su contra como contra otras instituciones o personas y que decida reprimir, amedrentar o ilegalizarlas está condenando el desarrollo del país.

La posición ideal del Estado ante el derecho a manifestar y la libertad de expresión debería basarse en una antigua y conocida frase de Voltaire: “No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. No hay nada que fortalezca más una democracia que una oposición fuerte, aunque a quienes estén en el poder no les guste. No importa si son manifestaciones por reivindicaciones estudiantiles, laborales, los derechos de los homosexuales o contra la tala de árboles: manifestar es un derecho y un mecanismo a través del que la sociedad –y especialmente sus minorías- puedan hacerse sentir y ser escuchados por quienes tienen en sus manos el poder de tomar decisiones que afecten el entorno. Si bien las protestas pueden realizarse ante distintas personas o instituciones, cuando son hacia el Estado, el derecho a manifestar es donde debería estar más garantizado. Se nos olvida que somos los ciudadanos los jefes del Estado, y no al revés.

Los Estados cuando son totalitarios, silencian a quienes le adversan o quienes hablan libremente de lo que creen que está mal. Por eso, está la constitución y los derechos humanos; para proteger a las y los ciudadanos del Estado. Cuando esto falla empiezan a aparecer los presos políticos, la censura, la autocensura y sobre todo el miedo. Un miedo lógico y natural. ¿Cómo no tener miedo de adversar o criticar a una institución que puede quitarte tu libertad o tu vida sin contrapesos que lo limiten? Un Estado que limite la libertad de expresión y el derecho a manifestar es porque quienes lo regulan, lo permiten y porque tienen miedo de perder la posición de poder que ostentan.

Las manifestaciones deberían llevar siempre al diálogo y al encuentro, del cual se aclaren las diferencias y se logren soluciones –siempre que sea posible- en donde ambas partes puedan salir ganando. Ni los totalitarismos ni las dictaduras les gusta debatir, por lo que tampoco les gustan las manifestaciones. En muchas ocasiones es más fácil reprimir o utilizar la fuerza que utilizar la razón. Con armas de por medio entre dos partes no hay condiciones de dialogo sino de imposición de la armada sobre la indefensa.

 

Mecanismo de desarrollo

y participación

 

Si bien las motivaciones para manifestar pueden ser diversas, todas buscan algo en común: ser escuchadas para cambiar una determinada situación o una respuesta oportuna. Las manifestaciones  deben llevar al diálogo y el debate entre quienes protestan y ante quienes se protestan (instituciones). Manifestar es una manera de que las y  los ciudadanos participen activamente en la sociedad y está garantizado en nuestra constitución (art.68). Limitar el derecho a manifestar es delimitar también la participación ciudadana, un elemento clave para lograr el desarrollo de cualquier sociedad. Si se establecen barreras para realizar las manifestaciones pacíficas también se está discriminando a quienes manifiestan.

El verdadero riesgo:

la autocensura

 

El ser humano ha demostrado poder adaptarse y acostumbrarse a cualquier situación. Esto, aunque generalmente es positivo tiene sus excepciones cuando se trata de situaciones en donde existan violaciones de derechos humanos. Uno de las peores consecuencias del uso abusivo de la fuerza para torturar, reprimir manifestaciones o usar la violencia discriminatoriamente es que genera miedo en la sociedad. Un miedo que lleva a la autocensura y a que las y los ciudadanos se limiten de ejercer sus derechos. La autocensura es una situación a la que no se debe acostumbrar sociedad alguna.

Expresarse libremente es un derecho humano y manifestar pacíficamente no es ni será un delito. En el momento que ejercer nuestros derechos conlleve a riesgos de represión o discriminación por parte del Estado, entonces es aún más importante seguir denunciando ante las instancias gubernamentales correspondientes. Quien calla otorga y autocensurarse o limitarse en el ejercicio de nuestros propios derechos fortalece a aquel organismo ya que ve logrado su objetivo de mantenerse en el ejercicio de su poder en un monólogo, sin espacio para el diálogo ni la crítica.

 

 

Lo que dice la Constitución

 

*** Artículo 68: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”

Artículo 19. Derecho a la libertad de expresión Declaración Universal de Derechos Humanos:

“todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La voz de los Derechos Humanos

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Control Político: Ahora en neustras manos

Original: http://www.diariolavoz.net/2015/05/03/control-politico-ahora-en-nuestras-manos/

Si somos nosotros quienes a través del voto decidimos quien está y quien no en el poder, entonces tenemos poder sobre los políticos y sus decisiones y podemos, en cierta medida, influenciar sus conductas y asegurarnos de que cumplan con los DDHH y también los promuevan

¿Cómo controlar a quienes están en el poder? ¿Cómo asegurarse que cumplan con los Derechos Humanos (DDHH)? En la teoría, las leyes y los distintos poderes del Estado hacen contrapesos y se regulan entre sí. ¿Y si en la práctica no funciona?  En este caso, siempre y cuando se tengan elecciones, los ciudadanos  -organizados-  tenemos un poder del cual pocas veces nos damos cuenta.

Si somos nosotros quienes a través del voto decidimos quien está y quien no en el poder, entonces tenemos poder sobre los políticos y sus decisiones y podemos, en cierta medida, influenciar sus conductas y asegurarnos de que cumplan con los DDHH y también los promuevan. ¿Cómo se logra? Esta parte es quizá la más complicada ya que ningún ciudadano –normalmente- puede generar suficiente presión política por sí mismo como para representar una amenaza para la estancia en el poder, de los políticos. Por ello se requiere articulación efectiva entre los ciudadanos. En el pasado, articular a los ciudadanos alrededor de una causa y que tuviese la suficiente fuerza como para lograr sus objetivos solía implicar gran tiempo, dinero y esfuerzo que. Sin embargo, es una de las cosas que con las nuevas tecnologías de información han cambiado significativamente.

Misma voz, nuevos canales

Tanto para las víctimas de violaciones a los DDHH como para activistas y la ciudadanía en general, las nuevas tecnologías han revolucionado la manera en que nos comunicamos y articulamos. Pensemos por un momento en situaciones donde funcionarios del estado -o actuando en su nombre- impiden el desarrollo de elecciones de manera libre, realizan despidos por motivos políticos u obligan a funcionarios a participar en actividades políticas. Hace unos años podía llegar a ser muy complicado realizar estas denuncias ante los medios de comunicación de manera rápida, con evidencia en multimedia (algo que aumenta significativamente su impacto) e incluso pasar por el filtro de los medios.

Ahora la situación es completamente distinta y a través de plataformas tecnológicas las victimas pueden hacer públicas sus denuncias y sostenerlas con evidencia que las respalde. Las barreras para comunicarse han bajado y los ciudadanos tienen muchos más canales de comunicación a través de los cuales enterarse e incluso interactuar con las víctimas de las violaciones de DDHH. El poder sobre la información se ha diluido y hace que los políticos estén mucho más expuestos a la opinión pública y que no los salve siquiera la complicidad con los medios.

Sin embargo, la información por sí sola no se transforma en un mecanismo efectivo de presión y control sobre los políticos sino lo que hagamos los ciudadanos al respecto lo que puede generar cambios significativos.  A los políticos les interesa mantener una buena imagen con su electorado y siempre que exista ciudadanía que pueda condenar y utilizar tanto los medios tradicionales de protesta (marchas, escritos, etc.) como las nuevas tecnologías (redes sociales, blogs, etc.) para exigirles a sus políticos que rectifiquen, estos lo harán.

Como sociedad debemos aprovechar las nuevas tecnologías, para informarnos y comunicarnos que tenemos a la mano; y participar de manera activa en la denuncia de violaciones de derechos humanos, difusión de la información, debate público y también de exigirle a nuestra clase política rectificación cuando sea necesaria para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos.

Complemento de los

partidos, no sustitución

La participación ciudadana si bien es basada en exigencias ciudadanas, muchas veces debe canalizarse por canales institucionales y políticos; como ciudadanos no debemos tener miedo o mirar con menosprecio estos canales, algo que hemos realizado en ocasiones. Es importante conocer que a pesar de las diferencias con partidos políticos tanto en posiciones de poder como aspirando al poder, son una base fundamental en cualquier democracia y que el debilitamiento de las democracias y los partidos siempre llevara a estilos autoritarios y/o represivos.

La propia Constitución venezolana prevé mecanismos de participación para la aprobación de las leyes, mecanismo que hemos utilizado poco y que pudiese generar cambios importantes, lo mismo que la contraloría social.

El reto venezolano

¿Cómo se logra garantizar el acceso a la educación y a la salud si no reciben suficientes fondos para hacerlo? A través de la participación de los ciudadanos y el debate público se pueden lograr cambios, de manera tal que mejoren las probabilidades de que los propios organismos del estado puedan garantizar mejor el acceso a educación y salud.

Si la sociedad civil tiene entre sus prioridades el respeto a los DDHH, puede generar suficiente presión sobre los políticos para que previo a cualquier elección se firme un acuerdo entre los candidatos para promover y hacer cumplir los DDHH desde el ámbito de sus competencias. En Venezuela se han logrado acuerdos públicos con anterioridad como lo fue entre los candidatos de Acción Democrática y COPEI en torno a la reforma del Estado, ¿por qué no se pudiese lograr un acuerdo que promueva y haga respetar los DDHH de esta manera?

Lo que dice la Constitución

**** Art. 62: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

**** Art. 70: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros…”

Santiago Rosas

Twitter: @santirosas

La voz de los Derechos Humanos

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

From Demilitarization to Red Berets

Tags

, , , ,

President Maduro recently announced the National Police (PNB) would be restructured to“recover its original vision and impetus” . This should be a big deal: PNB is a hugely important institution, our front line in the war on crime. But of course – classic Maduro – the announcement was buried by 10 other announcements, leaving uncertainty as to the directions and impacts of the “reform”

The PNB is a fairly new institution. It was only founded in October of 2009 out of a decent(by Chavista standards) institutional effort by the then CONAREPOL (National Commission for the Police Reform) to move towards a less-militarized police system.

It was a step in the right direction. The founding of the PNB, although controversial, was built on a vision of citizen security based on a community approach, human rights and citizen-led rather than the classic military-led policing.

That was then. Fast forward seven years and the Interior Minister — Nestor Reverol — is a National Guard Major General -again-. Worse, the Director of the PNB now also a National Guard Major General: Franklin García Duque (this one was appointed via ministerial tweet, ferchristsake!)

Nuestro Comandante en Jefe ha designado al M/G. Franklin García Duque como nuevo Dir. Gral y Cmdte. del CPNB

Then there’s the little but significant things, like the PNB’s newly unveiled uniforms. Fashion for the season is decidedly marshall: urban camouflage paired with —I shit you not— a red beret. That’s as clear a message as you could hope for that the police is returning to its traditional (and failed) military style.

Is Maduro investing in the police or rewarding some military enchufado in the ministry?

All the money spent, all the meetings held, all the studies and the preparations and the coalition building over the last 10 years were for nothing. Moreover, the differences between PNB and GNB are already quite blurred, and my guess is that the GNB will increasingly assume more PNB functions. Militarizing citizen security, a little more Sebinstyle. And with the militarization of citizen security, themalas mañas from the military come along…

In that same cadena, Maduro announced a 25MM$ investment in police equipment. The question is, is Maduro investing in the police or rewarding some military enchufado in the ministry?

The ministry has a bit of a track record in this regard. In 2014, as part of the Plan de Patrullaje Inteligente, the Interior Ministry bought -only for Caracas- 158 light SUVs (Machitos). Here’s the thing: the Machitos were made in Iran and bought through a complicated deal involving intermediaries in Argentina and Ecuador (and their bank accounts). Result: police stations around the country, ended up with vehicles it is impossible to find spare parts for, and more and more of them rust gently in the sun. As for this new investment, Efecto Cocuyo has -apparently- already identified a 100% overpricingon the gun rates announced by the government which are also going to be purchased at the DICOM rate.  Que papaya…

Maduro, before buying, how about avoiding CAVIM’s Grenades or rocket launchers making their way to criminals first?

Until last month, the basic salary of a police officer was just Bs.12,543, so the new salary will be around 18.000 Bs…that’s not even enough for a daily fresco.

Citizen security is far from a priority It’s well known that there have been over 20 failed citizen security plans that have cost the nation millions with very poor results to display. The need for better equipment is obvious, but what use will it have in a “Zona de Paz’? Moreover, what happened with “Patrullaje Inteligente” or the “VEN 911”? Volatility and improvisation have killed any effort to improve current situation. The new investment is a complete waste if you don’t have more police to use the newly acquired guns, which is precisely the case.

Last but not least, Maduro also announced a 50% wage increase for cops, lagging pathetically far behind this year’s 720% inflation forecast . Until last month, the basic salary of a police officer was just Bs.12,543, so the new salary will be around 18.000 Bs…that’s not even enough for a daily fresco. Although not new, it’s still amazing to compare citizen security versus defense, where the later receives 4 times as much money in the national budget.

Considering that crime has been one of Venezuela’s main problems over the last two decades it’s worrying that we are running straight to a more military-oriented police, increasing even more the political, economic and institutional power the military hold over the state.

Chances of recovering in terms of citizen security look similar to those of the economy. Maybe a good first step would be to de-militarize both.

Ley, Moral y Cultura

Tags

, , , , ,

Originalmente publicado el 2-9-2016 en Correo del Orinoco por la Red de Apoyo http://www.correodelorinoco.gob.ve/comunicacion-cultura/red-apoyo-por-justicia-y-paz-ley-moral-y-cultura/

Y, para que los derechos humanos no se conviertan en letra muerta, deben ser el eje fundamental en la formulación de políticas públicas, en las que los políticos se comprometan a cumplirlo a la mayor cabalidad posible y sean sujetos a evaluaciones y controles por órganos independientes y autónomos

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Esta afirmación supone un fuerte contraste a la realidad nacional actual, aun cuando es función, deseo y objetivo del Estado garantizar los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos. Pero, así como ocurre en materia de seguridad, ocurre lo mismo en materia de tortura, discriminación, derechos económicos y sociales, y un sinfín de temas; lo que nos lleva a la evidente conclusión de que no basta únicamente con legislar y contar con buenos instrumentos legales para definir los derechos humanos sino también deben estar acompañados de ejecución de políticas y seguimiento que garanticen su cumplimiento.

Esto último es quizá el verdadero reto de los derechos humanos. Y, para que los derechos humanos no se conviertan en letra muerta, deben ser el eje fundamental en la formulación de políticas públicas, en las que los políticos se comprometan a cumplirlo a la mayor cabalidad posible y sean sujetos a evaluaciones y controles por órganos independientes y autónomos.

Los DDHH suponen los lineamientos fundamentales para cualquier sociedad moderna en la que seamos todas y todos iguales ante la ley y se garanticen unas condiciones mínimas para que nuestro género, raza, condición o lugar de origen no determinen nuestro destino sino sea nuestro esfuerzo y voluntad los que le den dirección a nuestra vida. Sin embargo, no basta con ello si no se corresponde con lo que vemos en la calle, con la realidad.

El rol de las instituciones debe guardar consistencia entre la letra y el barrio; como mencionaba Antanas Mockus (exalcalde de Bogotá) debe existir armonía entre la ley, la moral y la cultura. En criollo, las reglas formales expuestas en la Constitución, las leyes, ordenanzas tienen que ser las mismas con las que nos manejemos en nuestros barrios y suponer los límites y fundamentos con los que cada una o uno de nosotros traza la línea entre lo que está bien y lo que está mal.

En casi 70 años desde que existen los derechos humanos los avances han sido notables en buena parte del mundo. Conductas y situaciones que hace menos de un siglo eran normales y aceptables hoy son la excepción y son condenadas, producto de un cambio en nuestras leyes, nuestra moral y nuestra cultura a lo largo de los años como sociedad. Aun así, el camino por recorrer es largo y hemos visto como países que habían superado ampliamente disputas sociales y flagrantes violaciones a los derechos humanos pueden retroceder e incluso empeorar en muchos aspectos al punto desde el cual arrancaron con leyes mucho mas avanzadas y específicas. Los avances de una sociedad son progresivos pero no siempre lineales y requieren que exista consistencia en el Estado entre la legislación y la acción.

Los derechos, al igual que las mejores intenciones, pueden ser totalmente fútiles sin una correcta implementación.

Los altos cargos del Estado deben entender a plenitud las capacidades del Estado, la cultura y moral de los ciudadanos y la realidad que vive el país a la hora de legislar, distribuir recursos y ejecutar. Para que exista armonía entre ley, moral y cultura, debe existir coherencia entre políticos-funcionarios y las y los ciudadanos, pues si no termina la política por perder validez como mecanismo de representación y comunicación entre ley y cultura. Cuando esto ocurre, las leyes van por un lado y la gente por otro, y se vuelve difícil el cumplimiento de derechos básicos y de los instrumentos jurídicos sobre los cuales progresa una sociedad.

Las asignaciones presupuestarias, discursos gubernamentales, ejemplos empresariales y referencias sociales no pueden ir divorciados de los derechos humanos y esperar que la sociedad tome como parámetros culturales y morales los valores que desde las referencias carecen. No se puede esperar sinceridad en los ciudadanos de un pueblo al que se le oculte información, ni se puede exigir tolerancia cuando se pregona discriminación desde un curul o un escritorio gubernamental.

FAROS

¿Cómo volver al sendero de la convivencia? ¿Cómo arrancar de nuevo si nos salimos del carril? Mas allá de que ciertos derechos sean vulnerados de manera pública e irrefutable, de no existir consecuencias (incentivos y castigos) es casi imposible moldear conductas públicas y privadas para que los derechos humanos convivan de manera armónica entre nuestra ley, moral y cultura. Las exigencias ciudadanas a nuestros gobernantes y vecinos deben ser alarmas y costos que ayuden a guiar a quienes se han desviado a alinear la moral y la cultura a la ley.

Santiago Rosas

Desarmando al Estado

Originalmente publicado en Correo del Orinoco como contribución a la Red De Apoyo 10-6-2016 (http://www.correodelorinoco.gob.ve/opinion-libre/desarmando-a-poblacion-y-a-corrupcion-tematica/) – Ilustración a cargo del periódico

Una de las características que hacen diferenciar al Estado de cualquier otra organización es el monopolio de las armas y el uso de las fuerza en un territorio determinado. La aparición de grupos criminales organizados, con fuerte armamento y que compiten en el uso de la fuerza y el establecimiento de orden, son un importante riesgo para un Estado fallido. Especialmente en contextos como el descrito, es fundamental tener una ley de desarme que sea realista y que se pueda ejecutar de manera efectiva, sin importar que sus resultados se vayan logrando de manera gradual. El costo de no hacerlo es comprometer la estabilidad institucional, con las debidas implicaciones que ello traería sobre la garantía de derechos básicos a las y los ciudadanos del país.

¿Cumplen su objetivo las leyes si no son acatadas o no existe una organización que las haga cumplir? Aunque la respuesta pareciera obvia, el funcionamiento de las instituciones políticas latinoamericanas no necesariamente actúa acorde y el enfoque en las leyes ha girado regularmente en su diseño y elaboración pero muy poco en el monitoreo de su cumplimiento.

Las iniciativas de ley son, en materia de desarme, un necesario primer paso para su consecución. Sin embargo, es mucho más importante que las leyes se acaten y que el desarme sea efectivo y no sólo en papel; y es ahí donde está el principal problema, al menos en Venezuela. Leyes sin instituciones que velen por su cumplimiento se vuelven únicamente una declaración de intención de los legisladores sobre un tema en particular pero no se transforman en realidad.

PRIORIZANDO POR EL ESTADO

Para que una política de desarme sea efectiva se debe recoger el armamento en manos de toda aquella persona que no tenga el debido permiso y asegurarse que los medios que consiguen este armamento sean cerrados.

Constitucionalmente es el Estado el organismo encargado de la administración de armamento y el otorgamiento de portes y permiso. Igualmente, es el encargado de custodiar las fronteras, por lo que la posesión de armas en manos de sujetos que no sean funcionarios tiene en la gran mayoría de sus casos una fuente y responsable: el Estado. Bien sea por corrupción o venta ilícita de armas de funcionarios a privados, por permitir sean contrabandeadas o por no supervisar adecuadamente las fronteras. Las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental en mantener la posesión exclusiva del armamento en el país.

Es por ello que al velar por el proceso de desarme deben ser investigados los principales cuerpos armados del Estado y los encargados de velar por el resguardo de las fronteras terrestres, aéreas o marítimas para identificar cualquier caso de corrupción o riesgo de ello que pueda terminar haciendo que armas en posesión del Estado pasen a manos del crimen. Sin corregir los casos de corrupción, ninguna ley o acción en el campo será efectiva en cuanto se atacaría la consecuencia y no la causa.

De existir impunidad con casos de corrupción o negligencia probada que resulten en grupos irregulares armados supone no solamente un riesgo para las y los ciudadanos que pueden convertirse en víctimas de estos grupos sino para el Estado mismo en cuanto pudiesen existir otras organizaciones que compitan por el dominio de un mismo territorio.

RETOS DEL DESARME

A nivel legislativo, nuestra actual ley del desarme tiene varios aspectos positivos como que la pena de porte y posesión ilícita de armamento es mayor si el sujeto es funcionario del Estado. También destaca el importante rol de las campañas, la concientización y los medios de comunicación en la promoción del desarme.

Sin embargo en la ejecución y lo legislativo, no reconoce la importancia del Estado en evitar que la población se siga armando a través de medios ilícitos por corrupción dentro de las fuerzas armadas y de esa manera ataca sólo las consecuencias visibles y no la causa fundamental que lleva a que grupos irregulares compitan en el control de áreas geográficas con el Estado.

Nuestra exigencia como ciudadanas y ciudadanos debe estar en una implementación efectiva de la ley, así como una investigación a profundidad de las fuerzas armadas que minimicen los riesgos de fuga de armamento de las instituciones que deberían tener la exclusividad del uso de la fuerza.

Un desarme efectivo es posible en la medida que las exigencias ciudadanas sean constantes y exista transparencia y voluntad. El primer paso es del Estado, pero la presión debe ser nuestra.

T/Santiago Rosas

http://www.redapoyo.org.ve

Oposición Sin Consistencia

Tags

, , ,

No es secreto que la oposición está fuertemente divida, justamente en uno de los momentos en los cuales el gobierno se encuentra más débil. Paradójico y lamentable. Mientras tanto, como oposición no aprendemos la lección y nos dejamos pisotear nuevamente en diciembre.

Sabemos que en este mes el PSUV y su maquinaria estadal siempre aprovechan para tomar medidas políticamente incorrectas o costosas. Ya nos han devaluado, aprobado leyes no consultadas, subido tarifas de servicios públicos, etc. En 2014 sin embargo, se fueron un paso más allá y terminaron de destrozar toda esperanza de puentes entre oficialismo y oposición al nombrar al CNE, Poder Moral y TSJ a lo chavista: sin importar lo que diga la constitución. La Asamblea Nacional perdió cualquier tipo de poder sobre el resto del Estado y ANla institucionalidad del país sigue en franco deterioro.

¿Y la oposición?

Al igual que con todo lo que ha sucedido en los últimos años después del 10 de diciembre, la oposición genera poco ruido y el gobierno pasa liso. Nos acaban de patear brutalmente el tablero y más allá de alguna declaración al respecto (http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/269026/es-increible-que-no-hubieramos-planteado-una-estrategia-que-nos-hubiera-dejado-en-un-mejor-escenario/ ) (http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/268835/el-tweet-de-capriles-que-cuestiona-a-un-sector-opositor/ ) con más tono de queja a la propia oposición que otra cosa, no ha pasado nada.

Primero Justicia, el principal partido dentro de la oposición venezolana, está completamente enfocado en las elecciones parlamentarias (aún no anunciadas, por cierto) del año 2015, ofreciéndolo como solución para detener los abusos de poder y solucionar los problemas de los venezolanos.  Aunque evidentemente hay que ir a votar e intentar aplastar al oficialismo, es inconsistente plantear las elecciones parlamentarias como solución mientras se hace el ridículo en el parlamento. La MUD está siendo de oposición….aparentemente en otro país.

Como ciudadano es imposible no sentirse desesperanzado de cara al 2015. Como si no bastará con el oscuro panorama económico para el año próximo, políticamente nos siguen pisoteando y pareciéramos no reaccionar. ¿Qué están haciendo nuestros diputados en la Asamblea Nacional? ¿Cómo explican esto al país? ¿Y nuestros políticos, donde están? La mejor descripción de cómo siento con la oposición –y seguro que muchos me acompañarán en esto- la hace el Chigüire Bipolar (http://www.elchiguirebipolar.net/19-12-2014/oposicion-planea-hacer-visita-oficial-a-venezuela-en-2015/ ), quien, irónicamente, es quien explica con más claridad lo que pasa en el país.

¿Unidad?

Hay varias cosas que me cuestan muchísimo entender como ¿Por qué Capriles no asiste a la audiencia de María Corina Machado o las de Leopoldo López? ¿Dónde está el bloque parlamentario de la Unidad?¿Los presos políticos…para cuando entrarán en agenda?

Para ilustración de la no-unidad me llama muchísimo la atención dos situaciones en particular:

  • CEPACOPP: Esto es un organismo de articulación a nivel Estatal donde participa el Gobernador de Miranda, todos los alcaldes del Estado Miranda, Legisladores Estatales, representantes ante la AN, entre otros. La tercera sesión se llevó a cabo en la Gobernación de Miranda en el mes de diciembre con la representación de solo un (1) alcalde de oposición (y el Director General de Baruta) de los 6 que hay en Miranda mientras que el oficialismo, completamente alineado y con la batería enfilada asistió en pleno para lo que fue prácticamente una masacre política a la oposición en un organismo que dirige Henrique Capriles. ¿Si Carlos Ocariz y Ramón Muchacho, que son del mismo partido que Capriles no asisten a los propios organismos de gobierno estatales, que podemos esperar para el resto? Casi igual de sorprendente fue la pasividad de Henrique Capriles ante la batería de ataques del oficialismo. La oposición hecha gobierno, muchas veces defrauda más que la oposición siendo meramente oposición al gobierno.

Mientras la oposición siga pensando y actuando como pequeños feudos intentando “mantener” pequeñas cuotas de poder por la vía electoral, sin articulación efectiva y siendo completamente inconsistentes entre el discurso y las acciones, somos una alternativa poco creíble para levantar al país.