Ley, Moral y Cultura

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Originalmente publicado el 2-9-2016 en Correo del Orinoco por la Red de Apoyo http://www.correodelorinoco.gob.ve/comunicacion-cultura/red-apoyo-por-justicia-y-paz-ley-moral-y-cultura/

Y, para que los derechos humanos no se conviertan en letra muerta, deben ser el eje fundamental en la formulación de políticas públicas, en las que los políticos se comprometan a cumplirlo a la mayor cabalidad posible y sean sujetos a evaluaciones y controles por órganos independientes y autónomos

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Esta afirmación supone un fuerte contraste a la realidad nacional actual, aun cuando es función, deseo y objetivo del Estado garantizar los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos. Pero, así como ocurre en materia de seguridad, ocurre lo mismo en materia de tortura, discriminación, derechos económicos y sociales, y un sinfín de temas; lo que nos lleva a la evidente conclusión de que no basta únicamente con legislar y contar con buenos instrumentos legales para definir los derechos humanos sino también deben estar acompañados de ejecución de políticas y seguimiento que garanticen su cumplimiento.

Esto último es quizá el verdadero reto de los derechos humanos. Y, para que los derechos humanos no se conviertan en letra muerta, deben ser el eje fundamental en la formulación de políticas públicas, en las que los políticos se comprometan a cumplirlo a la mayor cabalidad posible y sean sujetos a evaluaciones y controles por órganos independientes y autónomos.

Los DDHH suponen los lineamientos fundamentales para cualquier sociedad moderna en la que seamos todas y todos iguales ante la ley y se garanticen unas condiciones mínimas para que nuestro género, raza, condición o lugar de origen no determinen nuestro destino sino sea nuestro esfuerzo y voluntad los que le den dirección a nuestra vida. Sin embargo, no basta con ello si no se corresponde con lo que vemos en la calle, con la realidad.

El rol de las instituciones debe guardar consistencia entre la letra y el barrio; como mencionaba Antanas Mockus (exalcalde de Bogotá) debe existir armonía entre la ley, la moral y la cultura. En criollo, las reglas formales expuestas en la Constitución, las leyes, ordenanzas tienen que ser las mismas con las que nos manejemos en nuestros barrios y suponer los límites y fundamentos con los que cada una o uno de nosotros traza la línea entre lo que está bien y lo que está mal.

En casi 70 años desde que existen los derechos humanos los avances han sido notables en buena parte del mundo. Conductas y situaciones que hace menos de un siglo eran normales y aceptables hoy son la excepción y son condenadas, producto de un cambio en nuestras leyes, nuestra moral y nuestra cultura a lo largo de los años como sociedad. Aun así, el camino por recorrer es largo y hemos visto como países que habían superado ampliamente disputas sociales y flagrantes violaciones a los derechos humanos pueden retroceder e incluso empeorar en muchos aspectos al punto desde el cual arrancaron con leyes mucho mas avanzadas y específicas. Los avances de una sociedad son progresivos pero no siempre lineales y requieren que exista consistencia en el Estado entre la legislación y la acción.

Los derechos, al igual que las mejores intenciones, pueden ser totalmente fútiles sin una correcta implementación.

Los altos cargos del Estado deben entender a plenitud las capacidades del Estado, la cultura y moral de los ciudadanos y la realidad que vive el país a la hora de legislar, distribuir recursos y ejecutar. Para que exista armonía entre ley, moral y cultura, debe existir coherencia entre políticos-funcionarios y las y los ciudadanos, pues si no termina la política por perder validez como mecanismo de representación y comunicación entre ley y cultura. Cuando esto ocurre, las leyes van por un lado y la gente por otro, y se vuelve difícil el cumplimiento de derechos básicos y de los instrumentos jurídicos sobre los cuales progresa una sociedad.

Las asignaciones presupuestarias, discursos gubernamentales, ejemplos empresariales y referencias sociales no pueden ir divorciados de los derechos humanos y esperar que la sociedad tome como parámetros culturales y morales los valores que desde las referencias carecen. No se puede esperar sinceridad en los ciudadanos de un pueblo al que se le oculte información, ni se puede exigir tolerancia cuando se pregona discriminación desde un curul o un escritorio gubernamental.

FAROS

¿Cómo volver al sendero de la convivencia? ¿Cómo arrancar de nuevo si nos salimos del carril? Mas allá de que ciertos derechos sean vulnerados de manera pública e irrefutable, de no existir consecuencias (incentivos y castigos) es casi imposible moldear conductas públicas y privadas para que los derechos humanos convivan de manera armónica entre nuestra ley, moral y cultura. Las exigencias ciudadanas a nuestros gobernantes y vecinos deben ser alarmas y costos que ayuden a guiar a quienes se han desviado a alinear la moral y la cultura a la ley.

Santiago Rosas

Desarmando al Estado

Originalmente publicado en Correo del Orinoco como contribución a la Red De Apoyo 10-6-2016 (http://www.correodelorinoco.gob.ve/opinion-libre/desarmando-a-poblacion-y-a-corrupcion-tematica/) – Ilustración a cargo del periódico

Una de las características que hacen diferenciar al Estado de cualquier otra organización es el monopolio de las armas y el uso de las fuerza en un territorio determinado. La aparición de grupos criminales organizados, con fuerte armamento y que compiten en el uso de la fuerza y el establecimiento de orden, son un importante riesgo para un Estado fallido. Especialmente en contextos como el descrito, es fundamental tener una ley de desarme que sea realista y que se pueda ejecutar de manera efectiva, sin importar que sus resultados se vayan logrando de manera gradual. El costo de no hacerlo es comprometer la estabilidad institucional, con las debidas implicaciones que ello traería sobre la garantía de derechos básicos a las y los ciudadanos del país.

¿Cumplen su objetivo las leyes si no son acatadas o no existe una organización que las haga cumplir? Aunque la respuesta pareciera obvia, el funcionamiento de las instituciones políticas latinoamericanas no necesariamente actúa acorde y el enfoque en las leyes ha girado regularmente en su diseño y elaboración pero muy poco en el monitoreo de su cumplimiento.

Las iniciativas de ley son, en materia de desarme, un necesario primer paso para su consecución. Sin embargo, es mucho más importante que las leyes se acaten y que el desarme sea efectivo y no sólo en papel; y es ahí donde está el principal problema, al menos en Venezuela. Leyes sin instituciones que velen por su cumplimiento se vuelven únicamente una declaración de intención de los legisladores sobre un tema en particular pero no se transforman en realidad.

PRIORIZANDO POR EL ESTADO

Para que una política de desarme sea efectiva se debe recoger el armamento en manos de toda aquella persona que no tenga el debido permiso y asegurarse que los medios que consiguen este armamento sean cerrados.

Constitucionalmente es el Estado el organismo encargado de la administración de armamento y el otorgamiento de portes y permiso. Igualmente, es el encargado de custodiar las fronteras, por lo que la posesión de armas en manos de sujetos que no sean funcionarios tiene en la gran mayoría de sus casos una fuente y responsable: el Estado. Bien sea por corrupción o venta ilícita de armas de funcionarios a privados, por permitir sean contrabandeadas o por no supervisar adecuadamente las fronteras. Las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental en mantener la posesión exclusiva del armamento en el país.

Es por ello que al velar por el proceso de desarme deben ser investigados los principales cuerpos armados del Estado y los encargados de velar por el resguardo de las fronteras terrestres, aéreas o marítimas para identificar cualquier caso de corrupción o riesgo de ello que pueda terminar haciendo que armas en posesión del Estado pasen a manos del crimen. Sin corregir los casos de corrupción, ninguna ley o acción en el campo será efectiva en cuanto se atacaría la consecuencia y no la causa.

De existir impunidad con casos de corrupción o negligencia probada que resulten en grupos irregulares armados supone no solamente un riesgo para las y los ciudadanos que pueden convertirse en víctimas de estos grupos sino para el Estado mismo en cuanto pudiesen existir otras organizaciones que compitan por el dominio de un mismo territorio.

RETOS DEL DESARME

A nivel legislativo, nuestra actual ley del desarme tiene varios aspectos positivos como que la pena de porte y posesión ilícita de armamento es mayor si el sujeto es funcionario del Estado. También destaca el importante rol de las campañas, la concientización y los medios de comunicación en la promoción del desarme.

Sin embargo en la ejecución y lo legislativo, no reconoce la importancia del Estado en evitar que la población se siga armando a través de medios ilícitos por corrupción dentro de las fuerzas armadas y de esa manera ataca sólo las consecuencias visibles y no la causa fundamental que lleva a que grupos irregulares compitan en el control de áreas geográficas con el Estado.

Nuestra exigencia como ciudadanas y ciudadanos debe estar en una implementación efectiva de la ley, así como una investigación a profundidad de las fuerzas armadas que minimicen los riesgos de fuga de armamento de las instituciones que deberían tener la exclusividad del uso de la fuerza.

Un desarme efectivo es posible en la medida que las exigencias ciudadanas sean constantes y exista transparencia y voluntad. El primer paso es del Estado, pero la presión debe ser nuestra.

T/Santiago Rosas

http://www.redapoyo.org.ve

Oposición Sin Consistencia

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No es secreto que la oposición está fuertemente divida, justamente en uno de los momentos en los cuales el gobierno se encuentra más débil. Paradójico y lamentable. Mientras tanto, como oposición no aprendemos la lección y nos dejamos pisotear nuevamente en diciembre.

Sabemos que en este mes el PSUV y su maquinaria estadal siempre aprovechan para tomar medidas políticamente incorrectas o costosas. Ya nos han devaluado, aprobado leyes no consultadas, subido tarifas de servicios públicos, etc. En 2014 sin embargo, se fueron un paso más allá y terminaron de destrozar toda esperanza de puentes entre oficialismo y oposición al nombrar al CNE, Poder Moral y TSJ a lo chavista: sin importar lo que diga la constitución. La Asamblea Nacional perdió cualquier tipo de poder sobre el resto del Estado y ANla institucionalidad del país sigue en franco deterioro.

¿Y la oposición?

Al igual que con todo lo que ha sucedido en los últimos años después del 10 de diciembre, la oposición genera poco ruido y el gobierno pasa liso. Nos acaban de patear brutalmente el tablero y más allá de alguna declaración al respecto (http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/269026/es-increible-que-no-hubieramos-planteado-una-estrategia-que-nos-hubiera-dejado-en-un-mejor-escenario/ ) (http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/268835/el-tweet-de-capriles-que-cuestiona-a-un-sector-opositor/ ) con más tono de queja a la propia oposición que otra cosa, no ha pasado nada.

Primero Justicia, el principal partido dentro de la oposición venezolana, está completamente enfocado en las elecciones parlamentarias (aún no anunciadas, por cierto) del año 2015, ofreciéndolo como solución para detener los abusos de poder y solucionar los problemas de los venezolanos.  Aunque evidentemente hay que ir a votar e intentar aplastar al oficialismo, es inconsistente plantear las elecciones parlamentarias como solución mientras se hace el ridículo en el parlamento. La MUD está siendo de oposición….aparentemente en otro país.

Como ciudadano es imposible no sentirse desesperanzado de cara al 2015. Como si no bastará con el oscuro panorama económico para el año próximo, políticamente nos siguen pisoteando y pareciéramos no reaccionar. ¿Qué están haciendo nuestros diputados en la Asamblea Nacional? ¿Cómo explican esto al país? ¿Y nuestros políticos, donde están? La mejor descripción de cómo siento con la oposición –y seguro que muchos me acompañarán en esto- la hace el Chigüire Bipolar (http://www.elchiguirebipolar.net/19-12-2014/oposicion-planea-hacer-visita-oficial-a-venezuela-en-2015/ ), quien, irónicamente, es quien explica con más claridad lo que pasa en el país.

¿Unidad?

Hay varias cosas que me cuestan muchísimo entender como ¿Por qué Capriles no asiste a la audiencia de María Corina Machado o las de Leopoldo López? ¿Dónde está el bloque parlamentario de la Unidad?¿Los presos políticos…para cuando entrarán en agenda?

Para ilustración de la no-unidad me llama muchísimo la atención dos situaciones en particular:

  • CEPACOPP: Esto es un organismo de articulación a nivel Estatal donde participa el Gobernador de Miranda, todos los alcaldes del Estado Miranda, Legisladores Estatales, representantes ante la AN, entre otros. La tercera sesión se llevó a cabo en la Gobernación de Miranda en el mes de diciembre con la representación de solo un (1) alcalde de oposición (y el Director General de Baruta) de los 6 que hay en Miranda mientras que el oficialismo, completamente alineado y con la batería enfilada asistió en pleno para lo que fue prácticamente una masacre política a la oposición en un organismo que dirige Henrique Capriles. ¿Si Carlos Ocariz y Ramón Muchacho, que son del mismo partido que Capriles no asisten a los propios organismos de gobierno estatales, que podemos esperar para el resto? Casi igual de sorprendente fue la pasividad de Henrique Capriles ante la batería de ataques del oficialismo. La oposición hecha gobierno, muchas veces defrauda más que la oposición siendo meramente oposición al gobierno.

Mientras la oposición siga pensando y actuando como pequeños feudos intentando “mantener” pequeñas cuotas de poder por la vía electoral, sin articulación efectiva y siendo completamente inconsistentes entre el discurso y las acciones, somos una alternativa poco creíble para levantar al país.

¡Se nos fue San Juan!

En el Estado Sucre, según el censo 2011, casi 1 de cada 3 habitantes vive en situación de pobreza. La estadística como tal puede no resultar tan impactante por sí sola; pero cuando se pone en el contexto de que Venezuela es uno de los países con mayores reservas de gas del mundo (11avas) y que buena parte de ella están en el Estado Sucre, se transforma en paradoja. Ver a gente en Paria cocinando a leña es poco menos que una ironía.

Pero el Estado Sucre no es más que un excelente reflejo de cómo está Venezuela ya que además de tener una inmensa riqueza en hidrocarburos, es un lugar donde se produce uno de los mejores Cacaos del mundo y con unas playas que nada tienen que envidiarle a Bali, el mediterráneo o buena parte de los mejores lugares turísticos del mundo. Y si, sin embargo, alrededor de 30% de sus habitantes están sumergidos en la pobreza. Criminal.

San Juan de las GaldonasEs un hecho rotundo y evidente que el Estado ha fallado en promover –en realidad permitir- condiciones que permitan el desarrollo de la región. Pero más preocupante aún es que en los últimos años, le hemos entregado parte de nuestro territorio…¡al narcotráfico!

Recientemente estuve en la península de Paría e intenté visitar San Juan de las Galdonas, un sitio de enorme belleza y potencial turístico. Sin embargo, todas las personas con las que logré conversar en la península nos reiteraban que no fuéramos debido a que el lugar era inseguro, tomado por el narcotráfico. Finalmente, no quise arriesgar y decidí no ir a San Juan.

Mi sorpresa viene cuando en la vía entre Carúpano y Cumana le damos la cola a un funcionario de la Guardia Nacional, quien al ser preguntado por San Juan, no solamente nos comenta que está tomado –efectivamente- por el narcotráfico sino que la GNB se retiró del área porque “era muy peligroso y esos tipos tienen unas armas arrechas”. ¡La GNB huye de un lugar porque es inseguro! También comentaba aquel funcionario que los soldados de la armada estaban felices porque ahora tenían potestad de armar “puntos de control” (a.k.a alcabalas) para poder combatir el tráfico de droga. La armada y la GNB se desentendieron de San Juan de las Galdonas y deciden “combatir” el narcotráfico en carreteras sabiendo donde se origina y la causa del problema. El ejército también brilla por su ausencia. Ya no es sólo San Juan sino también el barrio bajo seco en Cumana.

El Estado evidentemente es cómplice si conoce de la situación y no hace nada. Nuestras Fuerzas Armadas y el gobierno, no solamente dejan de cumplir su única función de garantiza la soberanía y resguardar nuestras fronteras, sino que están involucradas directamente con el narcotráfico. El que calla otorga y en este caso otorgamos territorio. Recientemente asesinaron al alcalde de Rio Caribe (curiosamente cercano al área invadida) y no se ha determinado aún la causa del asesinato pero no cuesta pensar que es el propio narcotráfico quien está involucrado.

Así las cosas. Sucre, un Estado con múltiples oportunidades, invadido y sumergido en la pobreza. Cada vez más nos acercamos a lo que fuese Colombia hace un par de décadas. Por ahí empezamos, ¡se nos fue San Juan!

 

Participación Ciudadana: Derecho Humano garantía de desarrollo

Daren Acemoglu y James Robinson, dos reconocidos académicos, exponen en diversos trabajos qué el factor determinante para que un país alcance altos niveles de desarrollo debe tener instituciones de calidad, en donde uno de los determinantes es que sean de carácter inclusivas y no extractivas. Dicho de otra manera, instituciones que sean inclusivas donde los ciudadanos puedan participar en el diseño de pAsamblea en barrioolíticas públicas y en general de la vida pública, en donde el Estado rinda cuentas a quien se debe, el pueblo, y no al revés.

Los derechos humanos, si bien su declaración fuera realizada mucho tiempo antes que las investigaciones de Acemoglu y Robinson, muchos de los artículos rescatan el carácter inclusivo de quien tiene por deber garantizar los Derechos Humanos, el Estado. Especialmente quisiera rescatar el artículo 21, que versa “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público” y el 29 que versa que “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”.

El hecho de poder votar periódicamente para elegir a nuestros representantes en la presidencia, los gobiernos locales o un parlamento muchas veces no son garantías de que se tengan autoridades inclusivas o que se la voluntad del pueblo la que se vea verdaderamente reflejada en las decisiones del estado. Es por ello que me parece apropiado que uno de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos rescate los deberes que tienen los ciudadanos con respecto a la comunidad para el desarrollo pleno de su personalidad y –agregaría yo- de la propia comunidad y el país. El Estado debería ofrecer mecanismos más allá de los establecidos en elecciones de cargos populares para poder garantizar no sólo la inclusión de todos los sectores de la sociedad sino también ver reflejada la voluntad de los ciudadanos para decisiones de gran magnitud que los puedan impactar directamente. En otras palabras, empoderar más a los ciudadanos brindando espacios donde pueda efectivamente participar en la toma de decisiones que afectará a su comunidad.

Latinoamérica, a pesar de sus grandes fallas en la protección y garantía de derechos humanos en varios países, ha hecho un importante avance en este aspecto al menos desde los gobiernos locales en la asignación del presupuesto local.

La práctica conocida como Presupuesto Participativo efectivamente brinda a los ciudadanos un espacio en donde pueden participar como comunidad y expresar su voluntad en torno a algo que los atañe directamente. Son prácticas como el Presupuesto Participativo las que permiten que los ciudadanos puedan cumplir con su deber respecto a la comunidad, contribuyendo a su desarrollo y también en donde pueden ver que el Estado efectivamente cumpla con los acuerdos que en estas sesiones se alcancen y se haga lo que la comunidad establezca.

Sin embargo, hay algunas condiciones que se deben cumplir para que este tipo de prácticas estén efectivamente alineadas con los artículos 21 y 29 de la convención de Derechos Humanos. Entre ellas pudiésemos encontrar:

1. No deben existir barreras para poder participar (sólo en algunos casos un mínimo de edad)

2. Deben haber acciones, políticas, compromisos, documentos o resultados que deriven de estos espacios de participación.

3. El trato entre ciudadanos debe estar marcado por la equidad y el respeto. En el momento que exista discriminación por opiniones políticas, religiosas, ideológicas o de cualquier otra índole o que el trato hacia los ciudadanos sea distinto por alguno de estos factores, el espacio de participación queda desvirtuado e incurra en violación de los Derechos Humanos previamente mencionados

Estas son algunas condiciones necesarias pero en muchos casos no son suficientes. También se debe velar por que las condiciones de estos espacios sean de fácil acceso, amplía difusión y que sean organizados de tal manera que la mayor cantidad de personas puedan participar.

Siguiendo con el ejemplo del Presupuesto Participativo, el hecho de que de estos espacios de encuentro ciudadano deriven medidas como diagnósticos con información de los propios ciudadanos y asignaciones presupuestarias que representan la verdadera voluntad de los ciudadanos que participen en estas dinámicas, suponen un mecanismo efectivo de participación ciudadana dentro de la comunidad (deber establecido en el artículo 29) y del respeto a la voluntad popular (artículo 21) más allá de la elección de los cargos directivos de algunas instituciones del Estado.

Por último, espacios como este fortalecen la transparencia, descentralización del poder y las instituciones basadas en la voluntad de los ciudadanos y no únicamente sus gobernantes. Espacios donde los ciudadanos puedan cumplir con su deber respecto a la comunidad pero que deriven en medidas y políticas que reflejen la voluntad popular son maneras efectivas de crear instituciones inclusivas, quizá uno de los factores más determinantes para alcanzar el desarrollo que tanto anhelamos en el continente.

@santirosas

La Venezuela liberal del siglo XIX

Serapeion Humanitas

El siglo XIX fue un periodo de nuestra historia que estuvo dominado por una ideología particular: el liberalismo. Así como sucedió aquí, en muchas naciones del mundo el liberalismo fue la principal herramienta conceptual para diferenciar y justificar a los nuevos regímenes “modernos” de aquellos vinculados con las ideas del Antiguo régimen.  Los inicios republicanos en Venezuela estuvieron definidas por las líneas que marcó esta ideología y es fundamental su estudio si aspiramos comprender las mentalidades y el proyecto de nación de esa época. No obstante, el objetivo de este artículo es presentar solo algunos aspectos llamativos del mismo que quizá puedan arrojar cierta luz sobre el liberalismo que se practicó en aquellos tiempos.

El eterno enfrentamiento: Conservadores vs Liberales

Uno de los debates más interesantes de nuestra historia se encuentra en los dos bandos políticos de mayor importancia que se conformaron a comienzos y mediados del siglo XIX. La…

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La columna vertebral de los derechos humanos*

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“Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;”[1]

Los Derechos Humanos, como bien muestra el fragmento del preámbulo expuesto, son una clara muestra de algo que –aunque evidente- muchas veces se ignora en la literatura, los discursos y las exposiciones políticas y sociales: no se pueden garantizar los derechos humanos si no se puede garantizar antes la libertad para ejercerlos. Sin embargo, pareciera que la consecución de mayores libertades tanto como medio como fin han sido olvidados del discurso político, aun cuando existe cada vez mayor conciencia sobre los Derechos Humanos y presión para que se respeten.

Expone el ganador del premio Nobel, Amartya Sen[2], que el desarrollo puede ser entendido como la superación de todos aquellos obstáculos que limiten el pleno ejercicio de la libertad individual. Esta visión es compatible con la establecida en la declaración derechos humanos pues en cuanto los individuos puedan participar libre y activamente dentro de la sociedad podrán liberarse, por ejemplo, de la miseria, una de las formas más crueles de privaciones del ejercicio pleno de la libertad individual. Es el propio Sen quien trabaja la idea de que el desarrollo de los individuos se alcanza con la mezcla entre capacidades y oportunidades.

Los derechos humanos justamente velan por la existencia y el acceso a que las personas desarrollen sus capacidades y aprovechen las oportunidades. Recordemos que a través de artículos como el 26 de la declaración de los derechos humanos, que prevé el acceso a la educación, la cual (…) “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”  se busca garantizar el desarrollo de capacidades –aunque sean básicas- de todo ser humano. Los derechos humanos también velan porque estas capacidades puedan ser universales, sin que estén sujetas a discriminaciones por raza, opiniones o religión, es decir, que haya libertad tanto en el acceso como en el ejercicio. De nada sirve contar como capacidades si no se pueden ejercer debido a discriminaciones por creencias, razas u opiniones. Una sociedad que discrimina automáticamente excluye, y por lo tanto, restringe oportunidades y con ellas, el desarrollo.

Hay derechos que protegen la libertad de asociación, la propiedad privada, el acceso al trabajo libre (y con ello contra la esclavitud o trabajo forzoso) , la libertad de expresión y la no-discriminación que –directa o indirectamente- terminan garantizando un ambiente propicio para el florecimiento de las oportunidades en cuanto los individuos pueden interactuar libremente entre sí y ejercer sus libertades individuales para velar por su bienestar sin importar sus creencias u opiniones políticas. En la medida que existan individuos que hayan desarrollado capacidades, siempre y cuando exista una sociedad libre en donde se respeten las libertades fundamentales y los derechos humanos, existirán las oportunidades para hacer uso pleno de las capacidades. Una sociedad libre no implica únicamente una sociedad sin discriminación y con libertad de expresión, implica una sociedad que se pueda desarrollar, una sociedad liberada de la miseria.

Desarrollo, Derechos Humanos y Libertad

Aunque la libertad y los derechos humanos estén íntimamente ligados, pareciera no ser una concepción presente en las sociedades latinoamericanas donde la superación de la pobreza es sin duda el reto y deuda pendiente pero donde la libertad no es comprendida como instrumento para superarla ni tampoco es vista como un fin deseable como sociedad. La ampliación de las libertades individuales es un fin y un medio en sí mismo, por lo que es deseable para cualquier sociedad que sea una concepción generalizada y tenga el protagonismo que se merece en las discusiones políticas, sociales y académicas. Para ello, la declaración de los derechos humanos, su respeto y promoción son una guía fundamental para alcanzar una sociedad libre y desarrollada pues aunque pueda existir crecimiento económico por períodos prolongados de tiempo, el desarrollo sostenible de una sociedad solo es posible si se da en libertad y en pleno respeto a los derechos humanos.

Los derechos humanos, así como las libertades, deben ser comprendidos no solamente como un fin a alcanzar sino como un medio que permitan la garantía y consecución de mayores derechos y libertades, y con ello, del desarrollo. Como sociedad tenemos claro nuestro objetivo y deuda, este artículo propone el respeto y garantía a las libertades individuales y los derechos humanos como una vía para alcanzar ese objetivo y saldar la gran deuda pendiente en el continente.

* Escrito para la Red De Apoyo de Derechos Humanos. Saldrá publicado en Diario La Voz

[1] http://www.un.org/es/documents/udhr/

[2] https://www.nytimes.com/books/first/s/sen-development.html